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Editorial de hoy

Aumento de impuestos a la vista

opinion

El pasado martes 22, en una reunión sostenida con la Comisión de Finanzas del Congreso, el Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, expresó que para financiar el presupuesto de gasto público correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que, de ser aprobado por el Congreso antes del 30 de noviembre de este año, ascendería a Q99.7 millardos. En todo caso, debe tenerse presente que en caso que el Congreso no aprobare el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, el techo presupuestario de gasto público para 2021 quedaría en Q107.75 millardos (presupuesto de gasto original más ampliaciones), ya que regiría el de este año.

En la reunión, el SAT dijo que para financiar el gasto público presupuestado y, asimismo, elevar la recaudación tributaria, se aumentarán los impuestos al cemento y a la distribución de combustibles.

El impuesto al cemento, previsto en el Decreto 79-2000 del Congreso, grava con Q1.50 cada bolsa de 42.5 kilogramos de peso o su equivalente, cuando sea a granel o “clinker”, o en bolsas de peso diferente. Por su parte, el Impuesto sobre la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDPCCDP) grava la adquisición de gasolina superior con una tasa de Q4.70 por galón, de gasolina regular con una tasa de Q4.60 por galón, de gasolina de aviación con una tasa de Q4.70 por galón, de diesel con una tasa de Q1.30 por galón, de queroseno con una tasa de Q0.50 por galón y de gas propano con una tasa de Q0.50 por galón.

Cabe advertir que el IDPCCDP grava el mismo hecho generador (la misma fuente) que grava el Impuesto al Valor Agregado (IVA), o sea la adquisición o compra de combustibles. Por tanto, la aplicación del IVA (12 por ciento) y de los indicados tributos a la distribución suponen una doble tributación. Por cierto, en 2004, la 4ª magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) –2011-6– declaró inconstitucional y sin vigencia, por doble tributación, el IDPCCDP; no obstante, el IDPCCDP fue reeditado por el Ejecutivo y Congreso, y la CC, inauditamente, cambió de criterio.

Por otro lado, cabe recordar que el Congreso, durante el período legislativo 2008-12, emitió el Impuesto de Solidaridad (ISO), que sustituyó al Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP), que, en junio del 2004, restableció con otro nombre el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), que originalmente nació con el nombre de Impuesto de Solidaridad Extraordinario y Temporal (ISET). Tanto el IEMA como el ISET fueron declarados inconstitucionales por la 4ª magistratura de la CC (2001-6), en virtud de que ambos gravaban el mismo hecho generador que grava el Impuesto sobre la Renta (ISR), que es el ingreso de los contribuyentes. El ISO y el IETAAP están calcados en el IEMA y el ISET, por lo que también se les cuestiona por doble tributación, aunque las magistraturas subsiguientes de la CC, de nueva cuenta, los ha preservado.

Lo cierto es que todavía no hemos visto el fondo del colapso económico provocado por la pandemia de coronavirus (COVID-19); sin embargo, los militantes tributarios no cejan en su pretensión de que se aumenten los impuestos, sobre todo los que detonan el aumento general de precios, y que el gasto público de funcionamiento aumente exponencialmente, que, por supuesto, se traduce en más burocracia, más despilfarro y más corrupción. 

En todo caso, debe tenerse presente que cuando la economía va bien se aguanta con todo, hasta con el despilfarro y la corrupción, pero cuando va mal no se soporta ningún exceso ni abuso. ¡No más impuestos!

 

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