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Editorial de hoy

Asignación presupuestaria para la Usac

opinion

Dilema entre la sentencia y la realidad.

El Artículo 84 de la Constitución Política de la República establece que: “Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado”.

El Artículo 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP), estableció que: “El monto de las asignaciones que por disposición constitucional o de leyes ordinarias deben incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, a favor de Organismos, entidades o dependencias del sector público, se determinarán tomando en cuenta los rubros de ingresos tributarios sin destino específico y disponibilidad propia del Gobierno, conforme al comportamiento de la recaudación. El reglamento normará lo relativo a este artículo.”

Cuando el Congreso de la República analizó, dictaminó y aprobó la LOP, consideró que aquellos ingresos del Estado que tenían un destino específico y debían ser trasladados íntegramente al destino establecido, no podrían ser considerados ni contemplados dentro del concepto de ingresos tributarios ordinarios del Estado (como no pueden considerarse ingresos ordinarios a los provenientes del endeudamiento público o aquellos de naturaleza extraordinaria; es decir, no recurrentes).

Conforme consta en el expediente 5298-2013, el 18 de junio de 2014 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió estimar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por la Usac en lo que respecta a la frase “sin destino específico” pero determinó que los ingresos ordinarios son los tributarios.

El 27 de noviembre de 2019, la CC amparó a la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y ordenó al Congreso de la República que ninguna de sus disposiciones se fundamente en el Artículo 22 precitado, que fue expulsado del ordenamiento jurídico en sentencia de la CC del 10 de julio de 2014, requiriendo que la asignación presupuestaria se efectúe directamente del total de ingresos tributarios sin ninguna deducción.

Aunque la sentencia se refiere solo a la Usac, que implicará llevar su asignación a alrededor de Q3 millardos este año (en el proyecto de presupuesto 2020 se estimaban solo Q1.6 millardos más 200 millones de un préstamo del BCIE); si el mismo criterio se aplica a las demás asignaciones constitucionales, el impacto inmediato en el erario nacional sería de un virtual colapso de las finanzas públicas y evaporaría cualquier aspiración de cumplir las promesas de campaña del gobierno recién inaugurado.

La sentencia de la CC pareciera que no consideró las consecuencias ni los efectos inmediatos para el funcionamiento del aparato estatal. Ojalá que tampoco estemos ante otra sentencia que: “se acata, pero no se cumple”, como ocurría en las colonias españolas, ante la imposibilidad práctica de poder hacerlo. Urge una solución realista, en la que la CC seguramente volverá a tener la última palabra.

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