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Editorial de hoy

En Guatemala ¡Sí hubo Genocidio!

opinion

Una vez más, quedó documentado que no hubo justicia pronta ni cumplida para el Pueblo Ixil, como lo demanda la Constitución.

De la sentencia emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos e integrado por los jueces Jaime González y Sara Yoc, el pasado miércoles 26, contra Mauricio Rodríguez Sánchez, Jefe de Inteligencia Militar durante el gobierno del general José Efraín Ríos Montt (marzo 23.1982 – agosto 8.1983), acusado de genocidio y delitos contra debes de la humanidad hacia el Pueblo Maya Ixil, dos puntos son importantes.

El primero es que este Tribunal ratificó lo que el Tribunal de Mayor Riesgo A sentenció el 10 de mayo de 2013, que sí se cometió genocidio contra el Pueblo Ixil y también delitos de lesa humanidad.

Y segundo, el tribunal responsabilizó de estos delitos al alto mando militar de esa época. Esto significa que, si estuvieran vivos Ríos Montt, junto a Óscar Humberto Mejía Víctores, quien fue su Ministro de la Defensa –detenido en 2011 y fallecido el 2 de febrero de 2016– y el general Héctor Mario López Fuentes, su Jefe del Estado Mayor de la Defensa –detenido el 18 de junio de 2011 y quien falleció el 18 de octubre de 2015 en una cama del hospital militar– hubieran sido condenados por las atrocidades, ahora documentadas y juzgadas nuevamente por tribunales nacionales.

En este largo proceso por buscar justicia el mundo entero debe conocer, resaltar y valorar la permanente e incansable lucha de las mujeres y hombres sobrevivientes del Pueblo Ixil, quienes jamás se han dado por vencidos, a pesar de saber que la justicia para los indígenas en Guatemala nunca ha llegado y quizá nunca llegue a tiempo, porque es una justicia urbana, cara, lenta, elitista, racista, indiferente, ciega y sorda frente a las atrocidades que contra los indígenas se han cometido a lo largo de la historia.

Este debate que duró dos años y medio demuestra que la estrategia del mismo sistema de justicia, de los responsables de los crímenes y de sus abogados es retardar los procesos para permitir que los genocidas mueran, aunque quizá nunca descansen en paz, ni ellos ni su descendencia. Una vez más, quedó documentado que no hubo justicia pronta ni cumplida para el Pueblo Ixil, como lo demanda la Constitución.

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