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Editorial de hoy

Inminente Consulta Popular

opinion

A finales de julio del año pasado, el Congreso aprobó el Acuerdo 22-2017, mediante el cual se facultó al Organismo Ejecutivo (OE) para que, “en forma inmediata”, solicitara al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la celebración de una consulta popular sobre el acuerdo especial para someter el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), suscrito por los gobiernos guatemalteco y beliceño el 8 de diciembre de 2008. El TSE, a instancias del OE, decidió que la referida consulta se celebrara el próximo domingo 15 de abril de este año.

En el decreto de convocatoria se establece que, a partir de la fecha de publicación de este, se podrán realizar campañas de divulgación, información y formación cívica a favor de someter o no el diferendo territorial a la CIJ. Sin embargo, se prohíbe el uso de recursos públicos para la respectiva divulgación cívica. El TSE ha anunciado que la citada consulta popular tendrá un costo de, por lo menos, Q300 millones.

En todo caso, si se ratifica el referido acuerdo especial en las consultas populares que se celebren en ambos estados, estos deberán solicitar a la CIJ “que determine, de conformidad con las reglas aplicables del Derecho Internacional, según se especifican en el Artículo 38 (1) del Estatuto de la Corte, toda y cualquier reclamación legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, que declare los derechos de ambas Partes en los mismos y que determine la línea fronteriza de sus respectivos territorios y áreas”. Asimismo, las partes aceptarán como definitivo y obligatorio el fallo de la CIJ, y se comprometerán a cumplirlo y ejecutarlo íntegramente y de buena fe.

Conforme la Constitución, dicho acuerdo especial deberá ser sometido por el Congreso a procedimiento consultivo, como está previsto en el acuerdo. La pregunta que se formulará a la población será: “¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la CIJ para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las Partes?”

La CIJ deberá juzgar y resolver de conformidad con el Derecho Internacional Público y no ex aequo et bono (de acuerdo con lo correcto y lo bueno), o sea conforme sea más equitativo en el caso concreto, que habría preferido el Estado de Guatemala. Sin embargo, entendemos que esta pretensión del Gobierno guatemalteco no cuajó en las negociaciones.

Por otro lado, si una de las poblaciones (de Belice o Guatemala) no ratifica, en consulta popular, el referido acuerdo especial, este quedará sin efecto jurídico alguno, por lo que se espera que ambas poblaciones, de buena fe, favorezcan, por mayoría, someter el indicado diferendo territorial a la resolución de la CIJ y así poner fin al litigio centenario, que ha mantenido una relación tirante entre ambos Estados, desde que Belice se independizó de Gran Bretaña en 1981.

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