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Editorial de hoy

Antejuicio en el Congreso

opinion

El antejuicio protege el cargo y no a la persona.

 

La Ley en Materia de Antejuicio establece que el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución otorga a ciertos dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los tribunales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa. Asimismo, dicha Ley determina que el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable.

Conforme la Constitución, el Congreso, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes (105) de los diputados que integran el Congreso, debe declarar si ha lugar o no a formación de causa penal contra el Presidente, el Vicepresidente, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Tribunal Supremo Electoral (TSE), los ministros y viceministros encargados del despacho, los Secretarios General y Privado de la Presidencia y subsecretarios que los sustituyan, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el Fiscal General de la República (FGR) y el Procurador General de la Nación (PGN).

Esto supone que si en la respectiva votación para declarar que ha lugar a formación de causa penal, es decir para desaforar o despojar de la inmunidad al funcionario o dignatario sindicado, no se obtiene el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes (105) de los diputados, debe entenderse, a contrario sensu, que la decisión del Congreso es que no ha lugar a formación de causa penal en su contra. Ambas decisiones causan estado inmediato. En todo caso, causar estado implica que una decisión queda firme cuando ya no es posible impugnarla, sea porque se agotó la instancia o porque transcurrió el plazo para hacerlo, lo que supone la caducidad o la preclusión.

No obstante, la Ley en Materia de Antejuicio establece que “para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso”, así como que “si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso” y que “si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado”.

En mi opinión, estas disposiciones legales son incompatibles con la Constitución y, por ende, nulas de pleno derecho, porque dan lugar a que no se resuelva en definitiva el asunto y que este quede pendiente, en una suerte de limbo jurídico, contraviniendo con ello el principio de seguridad jurídica, que demanda la certeza de las normas, la previsibilidad de la aplicación de la ley y una justicia pronta y cumplida. Dichas normas abren la posibilidad a innumerables votaciones sin llegar a una conclusión final. Además, dado que el antejuicio protege el cargo o la función, y no a la persona del funcionario, la referida normativa da pie para que se deje en total incertidumbre el desempeño del cargo o función, lo que es contrario a la necesaria estabilidad y certeza institucional que debe dispensarse al ejercicio de la función.

No pensemos en el antejuicio del presidente Jimmy Morales, cuya gestión se encuentra en tela de juicio. Reparemos en los antejuicios contra los magistrados de la CC, de la CSJ y del TSE, así como en los antejuicios contra el PDH, FGR o PGN, que deben ser conocidos por el Congreso. ¿Cómo podría interpretarse que el Congreso deje pendiente o en estado de resolver los antejuicios planteados contra estos funcionarios que deben gozar de independencia, neutralidad política e imparcialidad?

Lo anterior sin perjuicio de que los diputados a propósito podrían dejar en estado de resolver un antejuicio, aunque la respectiva denuncia se base en razones ilegítimas, espurias o políticas, con la malsana intención de someter o subordinar al funcionario sindicado. Tolerar este diferimiento indefinido equivaldría ni más ni menos a que los funcionarios denunciados queden en condición de rehenes de los diputados.

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