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Editorial de hoy

Rechazo del veto presidencial

opinion

El Congreso, con el voto favorable de 106 diputados, es decir mediante mayoría calificada, rechazó el veto del presidente Jimmy Morales (Acuerdo Gubernativo 49-2016), al Decreto 13-2016 del Congreso, por medio del cual se reforma el Código Penal y la Ley en Materia de Antejuicio.

La reforma al Código Penal consiste en la adición del delito de incumplimiento a citas legislativas, que sanciona con dos o tres años de prisión, a los ministros, viceministros y empleados, así como a personas particulares (jurídicas o individuales), que ejecuten fondos públicos, que no acudan a las citaciones o invitaciones efectuadas por los diputados con cuatro días de anticipación.

Esta disposición es incompatible con la Constitución, porque: (i) Impone la obligación legal a los ministros a que concurran al Congreso, sin que medie interpelación, a pesar que la Constitución establece que pueden hacerse representar por los viceministros; y (ii) Se impone la obligación de asistir al Congreso a los particulares que ejecutan fondos públicos, cuya fiscalización, por mandato constitucional, le corresponde a la Contraloría General de Cuentas y no al Congreso.

Asimismo, la reforma a la Ley en Materia de Antejuicio prohíbe el rechazo de plano del antejuicio por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que supone la necesidad de agotar forzosamente un procedimiento del denominado “antejuicio del antejuicio”, lo que fortalece la ya inextricable imposibilidad jurídica del encausamiento penal de los dignatarios (diputados) y funcionarios. Vamos para atrás como el cangrejo, dice el refrán.

El presidente Morales tuvo razón en vetar dicho decreto legislativo, aunque sus argumentos no fueron lo suficientemente contundentes y convincentes. Inequívocamente, es otra mala ley del Congreso, al igual que lo son la Ley de Tarjeta de Crédito (recientemente suspendida por la Corte de Constitucionalidad), la Ley de Servicio de Facilitadores Judiciales y las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, que están por impugnarse por elementales violaciones constitucionales.

También deberá impugnarse la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por flagrantes objeciones de inconstitucionalidad. Sin duda, los diputados no entienden que no entienden, por lo que se esperan más despropósitos y desaguisados a lo largo de la Octava Legislatura (2016-20) que tendrán que repararse o enmendarse por la Corte de Constitucionalidad.

La misión seguirá siendo entonces a la carga contra el Congreso.

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