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Editorial de hoy

Propuestas de reforma constitucional

opinion

Ha trascendido que la CICIG y la Fiscal General, con el apoyo de la Embajada de los EE. UU., están alentando y promoviendo una reforma constitucional, que aborde principalmente el fortalecimiento del sistema de justicia. En agosto de 2012, el expresidente Otto Pérez presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional, que abordaba temas relacionados con justicia, seguridad interna y sistema político electoral, entre otros. Asimismo, en junio de 2011, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina, hizo público un proyecto propio de reforma constitucional relacionado con seguridad y justicia. A la vez, a mediados de abril de 2011, la Directora Ejecutiva de ASIES y los Rectores de la Usac y de la URL presentaron al Congreso una propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. En 2010, el entonces responsable de la CICIG, Carlos Castresana, también propuso una reforma constitucional en lo que se refiere a la designación del Fiscal General (FG) y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), la extensión al doble del tiempo de detención antes de que una persona sea consignada ante un juez (actualmente no puede exceder de seis horas) y la autorización para que los allanamientos se puedan llevar a cabo a cualquier hora y no solamente entre las 6:00 y las 18:00 horas. Estas cuatro propuestas de reforma constitucional se suman a otras anteriores. Cabe recordar que el 14 de noviembre del 2008, 6 mil 480 ciudadanos, alentados por la asociación Guatefutura, solicitaron al Congreso que se reformara la Constitución, en el sentido de fijar en 80 el número de diputados, limitar la reelección de los diputados a dos veces y eliminar los diputados por Lista Nacional. Por otro lado, el 27 de marzo del 2009, 73 mil 193 ciudadanos presentaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional (ProReforma), que propone, entre otros, un sistema bicameral, el referendo revocatorio para el Presidente, la restricción del derecho de antejuicio a delitos cometidos en el ejercicio del cargo público (con suspensión en el cargo cuando se decrete auto de procesamiento penal), una jerarquía normativa, la exigencia de mayoría calificada en la cámara legislativa para la aprobación de impuestos, la obligación de publicar los proyectos de ley, la elevación de la edad mínima para ser electo Presidente y Vicepresidente a 45 años, la declaración de que todo impuesto cesará cumplido su objetivo, que los antejuicios de los magistrados de la CC sean conocidos por la CSJ y que los magistrados de esta sean conocidos por magistrados de la CA, que el presupuesto del Organismo Judicial sea aprobado por la CSJ e incorporado al Presupuesto del Estado, que los magistrados de la CC (diez titulares y cinco suplentes) y de la CSJ (15) sean vitalicios y electos por el senado de nóminas elaboradas por Comisiones de Postulación, al igual que el Contralor de Cuentas, que la CSJ elija al FG de una nómina preparada por una Comisión de Postulación, que los gobernadores sean electos y que se incorpore el principio de equilibrio presupuestario. La actual Constitución sufrió una pertinente cirugía menor en 1994, a raíz del clamor popular por la depuración de los Organismos del Estado. Habrá que ver si la cirugía mayor de la Carta Magna en materia de justicia y seguridad, tantas veces postergada, finalmente se concreta.

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