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Editorial de hoy

Más recaudación y menos ejecución

opinion

Para poder gastar, el nuevo gobierno necesita más dinero, por eso la necesidad de reestructurar a la SAT en el menor tiempo posible. Para que sea creíble esta reforma, la misma debe estar enmarcada dentro de un contexto más amplio de reformas en materia fiscal. En ese sentido, la sola mención de la palabra amnistía fiscal en estos momentos equivale a “borrar con el codo lo que se escribe con la mano”. Las desafortunadas declaraciones del máximo mandatario, seguramente mal informado por sus asesores, en nada ayudan al complicado proceso de reformas que se avecinan. En vano se esfuerzan las autoridades actuales por reformar la SAT si no van a poder ejecutar los hipotéticos recursos que se obtendría de la amnistía o de la reforma de la SAT.

Por si no se han dado cuenta las autoridades, las últimas reformas en materia de contratación pública sufren de graves defectos que impiden que las entidades públicas pueden ejecutar su presupuesto asignado. A pesar de la notoria participación de conocidos expertos en la materia, la ley aprobada el año pasado crea figuras legales que en la práctica han paralizado el gasto público. No nos extrañe que la ejecución de gobierno durante 2016 termine siendo pago de nóminas, fraccionamiento de compras y compra directa. Ante estas dificultades de ejecución, las instituciones de Gobierno no pueden utilizar el socorrido mecanismo que tantas veces utilizaron gobiernos anteriores de celebrar convenios de ejecución con organismos internacionales como OIM, UNOPS, PNUD, etcétera. Mecanismos que en el pasado fueron utilizados para amparar dudosas operaciones de construcción de infraestructura pública. A Dios gracias, esta posibilidad quedó prohibida por la reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto de 2013.

De nada sirve reformar la SAT o hacer una reforma fiscal ya que el Gobierno no podrá brindar a la población sus servicios a tiempo, con calidad y de manera honesta y efectiva si no se corrigen los problemas derivados de las reformas a la Ley de Contrataciones. De nada sirve intentar resolver estos problemas por la vía reglamentaria, como parece ser la propuesta oficial. La única salida a este problema es una nueva reforma a dicha normativa. Esperemos esta vez que el proceso de reforma se abra a otros expertos que puedan aportar visiones distintas.

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