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Editorial de hoy

Lo reitero

opinion

El Consejo del Ministerio Público, inconstitucional esperpento.

La norma constitucional que manda que el Fiscal General de la República sea el Jefe del Ministerio Público, el único Jefe, hacía inconstitucional que una ley ordinaria, la Ley Orgánica del Ministerio Público, hubiera establecido un “Consejo” para la institución, órgano inventado que la Constitución no contempla.

La joven abogada Sarah Larios, valiente y brillante, en unión de otros compañeros, planteó y ganó la inconstitucionalidad de que este pudiera revocar las órdenes del Fiscal General, pero el esperpento quedó vivo y con funciones que seguían tergiversando la jerarquía constitucional de mando.

La propia integración del Consejo constituía una absoluta aberración: tres de sus miembros eran electos por el Congreso de la República y otros tres, por sus compañeros de trabajo, el Fiscal General, así, entre antiguos contendientes y subalternos que podían revocar sus sanciones laborales.

¿Dónde, en la Constitución Política de la República, facultades semejantes a ese personal y al Congreso? 

En reiteradas oportunidades me referí a este tema –un tanto hasta el hartazgo– tema que también fue abordado por Alfred Kaltschmitt, Prensa Libre y por algunos editoriales de elPeriódico y La Hora, callados –por el contrario– los sempiternos “analistas”.

El Consejo del Ministerio Público fue una creación maligna de los diputados “depurables”, dispuestos a socavar la autoridad del Fiscal General, como maligna su decisión de que el Código Procesal Penal que venía a introducir entre nosotros el sistema inquisitivo, oral y público –inmediata la prueba al juzgador– no cobrara vigor de forma escalonada, lo que estuvo a punto de hacerlo colapsar.

Los diputados “depurables” pusieron en la Ley Orgánica del Ministerio Público cuanta trampa pudieron para que fracasaran el nuevo sistema y el Fiscal General, habiendo cambiado, incluso, el orden constitucional de sus funciones, la primera: velar por el estricto cumplimiento de la ley, relegada al reino de la nada.

Mucho es el tiempo que se ha perdido –el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran– pero –finalmente– varios años después –reconocidos la inconstitucionalidad del Consejo del Ministerio Público y el gravísimo daño que se hizo a la institución– minada la autoridad –reitero– del Fiscal General –el propio Congreso, lo ha extirpado.

Cabe señalar –en otro orden de ideas– que no cabe la destitución del Fiscal General –salvo justa causa debidamente establecida– siendo tan constitucional e inatacable su período constitucional como el del propio Presidente –y que cualquier asonada en contrario no solo sería inconstitucional, sino delito.

Sabia es la forma como trata este delicado tema el Decreto Legislativo 512 (“la ley Herbruger”, como me permití bautizarlo en su momento) casi derogado en su totalidad pero vigente aún en todo cuanto se refiere a la Procuraduría General de la Nación, cuerpo que establece un complejo proceso para la destitución del Procurador General en el que participan todos los Organismos del Estado, incluida la Corte Suprema de Justicia.

Me alegro, pues –y con esto concluyo– que el Congreso de la República, en su actual legislatura, haya corregido lo mal hecho por los diputados
“depurables”.

Asignatura pendiente, sin embargo, corregir la tergiversación que persiste, en la ley ordinaria, en cuanto al orden constitucional de sus funciones, la primera y olvidada: velar por el estricto cumplimento de la ley (desde la Constitución, hasta el más humilde reglamento) siendo todas las demás una simple consecuencia de que este no se alcance: Las infracciones deben ser la excepción y no la regla y, así, la persecución penal: la acción excepcional, si fracasado el cumplimiento.

La obra legislativa correctora habrá concluido cuando restablecido el orden constitucional de mando –suprimido el Consejo– se restablezca –también– el orden constitucional de sus funciones: velar por el estricto cumplimiento de las leyes no es función “adicional”, sino la función primera.

¡Mande pues a su ejército la Fiscal General de la República y –en el más fiel seguimiento de ese orden– bajo su único mando –vele por el estricto cumplimiento de las leyes y, si incumplidas, persiga a sus infractores.

Por encima de la autoridad de la Fiscal General, tan solo una: La de la ley. ¿Su mandato? Hasta el 18 de mayo de 2018, ni un día antes, ni uno después.

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