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Editorial de hoy

Interés nacional e injerencia exterior

opinion

La CICIG, que se unió a proteger a una ciudadanía indefensa por una clase política que tenía secuestrada la democracia y la soberanía con Pérez a la cabeza.

El 18 de diciembre de 2013 el presidente Pérez Molina indicó que descartaba la prórroga de la CICIG, cuyas funciones vencían en septiembre de 2015. Su Canciller actuó en consonancia y esgrimió una política exterior en ese sentido. Se mantuvo hasta el 14 de abril de 2015, cuando Pérez expuso que “no aceptaría ningún chantaje” externo para que la CICIG continuara su labor. Y solicitó un análisis a una comisión integrada por miembros de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Así, tomaría una decisión “soberana”. Un mes antes, el jefe de la CICIG dijo que investigaba el financiamiento de los partidos políticos y las estructuras detrás de las aduanas. La política contra la CICIG continuó cuando Pérez volvió a repetir, con pluma de Cancillería, en la VII Cumbre de las Américas en abril 2015 en Panamá: que “la cooperación internacional es una herramienta importante en el marco del pleno respeto a la soberanía, el Estado de Derecho y el principio de no intervención; no podemos fortalecer nuestras instituciones subordinando el ejercicio de nuestra soberanía a voluntad de terceros”, por referencia a la comunidad internacional y “la embajada” que favorecía la permanencia de la CICIG, que se unió a proteger a una ciudadanía indefensa por una clase política que tenía secuestrada la democracia y la soberanía con Pérez a la cabeza. Esa política externa de Pérez era contraria al interés nacional.

Al develarse “La Línea”, surgió la primera gran manifestación de apoyo a la CICIG frente al Palacio Nacional. La comunidad internacional acompañó las manifestaciones contra ese abuso de poder, siguiendo las palabras de Juan Pablo II, que repetían las de Hugo Grocio de apoyar a los pueblos contra un tirano cuando se violan los derechos humanos, en este caso por la vasta corrupción. Jean François Revel lo ha mencionado como el “deber de la injerencia”. Pérez y su gobierno los violentaban al negar la educación, salud, seguridad y un Estado de Derecho. La intervención del Artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se refiere a atentar contra el Estado como ejercían las potencias imperialistas, incluso EE. UU. y la URSS durante la Guerra Fría. El nacionalismo ni la soberanía no se respetaron en ese mundo bipolar en sus países satélites. Pero al caer el Muro de Berlín, vino la democratización y la globalización alcanzó su cenit al tiempo que se elevó el Derecho Internacional para regularla mejor. La intervención humanitaria vía la ONU se practicó en la ex-Yugoslavia, en países de África… creando tribunales y fiscalías especiales en Líbano, Ruanda… y la CICIG en Guatemala, a solicitud del presidente Óscar Berger.

Por eso extraña la nota que envió la Cancillería este 10 de marzo a las embajadas y organismos internacionales, recordándoles que debían cumplir con el Artículo 41 de la Convención de Viena sobre la no injerencia de los diplomáticos en asuntos internos. Mal redactada, en adición dio una interpretación sui géneris de dicho artículo sin análisis de un jurista especializado, más una amenaza (non grata). Prensa Libre editorializó que tenía el mismo mensaje que dio Pérez Molina hacía un año en Panamá, mostrando que se mantenía esa vieja política. Eso creó molestias innecesarias entre los atónitos embajadores sin saber a qué intervención se refería Cancillería. El presidente Morales antes había declarado que iba a prorrogar las funciones de la CICIG. Luego precisó que nunca se sufrió injerencia externa su gobierno, un mentís para la Cancillería que no dio explicaciones. Una Cancillería debe velar por el interés nacional y no debe permitir que sea el presidente quien rectifique un error que no fue suyo. El presidente habla en última instancia. No hay coherencia sino repetición de lo que dijo Pérez en Panamá hace un año y como repitió en el tribunal esta semana contra “la embajada” y la CICIG. Eso no es una nueva diplomacia sino una continuidad ajena al interés nacional.

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