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Editorial de hoy

Condiciones para el debate

opinion

Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.

Después del ocio y la ruptura de la cotidianidad vienen los pendientes y entre ellas, la discusión sobre la pena de muerte. Para que ese tema sea sujeto de debate serio, se requieren argumentos de peso, referencias concretas y no falacias o distractores.

Soy abolicionista de la pena capital pero reconozco, como lo hace el sistema interamericano y otros sistemas de derechos humanos, la importancia de continuar un debate que lleva décadas y ha puesto especial énfasis en promover limitaciones estrictas sobre la pena, su restricción gradual y posterior eliminación. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no prohíbe la pena de muerte, pero establece limitaciones estrictas a su imposición. Indica en su Artículo 6, que “en los países en que no hayan abolido la pena capital solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente”. Además señala que “cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”. Asimismo, indica que “no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez”.

Los convenios y otros instrumentos vigentes indican que el estándar central para la aplicación de la pena de muerte es el escrutinio estricto de su aplicación. Entre las preocupaciones más frecuentemente citadas por los Estados está el riesgo de ejecutar a personas inocentes, las posibles arbitrariedades en la aplicación de la pena y los costos para el sistema judicial por la oleada de apelaciones. Antes de provocar discusiones triviales o propias de entornos sociales primitivos (no sociedades como tales), azuzadas por sectores que han hecho de la violencia, la inseguridad y las “respuestas” autoritarias sus razones de ser y fuentes de enormes negocios, es indispensable reconocer que los dos ámbitos prioritarios a trabajar, son: 1) reformas profundas del sistema de justicia, y 2) devolver el control del Estado sobre el sistema penitenciario. Sin esas condiciones previas, no hay debate posible sobre la vigencia de la pena de muerte.

Los riesgos de una discusión a la ligera, con una endeble administración de justicia y la totalidad de los centros de privación en manos de estructuras criminales, son gigantescos. Aumentarían las arbitrariedades (quién califica la gradualidad de los delitos), aumentarán los costos del sistema (los peores delincuentes pueden pagar abogados para que presenten acciones legales por doquier, no hay garantías al debido proceso), se promoverá una percepción equivocada de falsos disuasivos (más condenas no es sinónimo de reducción de índices).

renzolautaro.rosal@gmail.com

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Sábado 3 de Diciembre de 2016


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