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Editorial de hoy

¡No nos engañemos!

opinion

Las élites siguen apostando a proyectos personalistas.

 

 

La democracia republicana es hoy en día el sistema político que goza de mayor prestigio y aceptación en el mundo entero, fundamentalmente porque es el que más garantiza el autogobierno de los ciudadanos en el marco de un Estado de Derecho; y, asimismo, porque legitima razonablemente la autoridad y da viabilidad a la consecución de compromisos y acuerdos económicos, sociales y políticos. El Estado, bajo un régimen democrático republicano, se transforma de un amo arbitrario, cruel y abusivo en un servidor subordinado a la ley, que protege a la persona humana y propugna por la realización del bien común, del cual se benefician todos los ciudadanos, que, a su vez, deben suponerse como personas autónomas y responsables de su propia vida.

Una república democrática moderna, además de respetar los derechos fundamentales, asegurar un responsable y lícito ejercicio del poder público, así como velar por el cumplimiento de la ley, protege la economía de mercado e impulsa políticas redistributivas del ingreso nacional exclusivamente para financiar los servicios públicos (justicia, seguridad, salud, educación, transporte, nutrición e infraestructura física).

En Guatemala, si bien se reconoce en la Constitución que el sistema de gobierno guatemalteco es democrático y republicano, en realidad seguimos sin contar con una verdadera democracia republicana. Las élites, en vez de apostar a la institucionalidad jurídico política, siguen apostando al personalismo o al caciquismo, de corte esencialmente clientelista, populachero y demagógico. No se percibe interés sincero en fortalecer las instituciones e impulsar el gobierno de leyes; por el contrario, se recrea incesantemente el círculo vicioso del gobierno de individuos (jefes, caciques, mesiánicos, mercenarios, demagogos, piratas y demás). Luego, la acción política no está en función de la construcción de un proyecto de nación, sino más bien es el vehículo de ambiciones personales e inversiones dinerarias que invariablemente anteponen el interés particular al general.

Las élites tampoco aceptan que lo fundamental de los procesos políticos son los acuerdos sociales, resultantes del diálogo y la negociación, en los que se definan los fines y objetivos de un proyecto de nación, se formule la estrategia nacional de corto, mediano y largo plazo, así como se ejecuten los planes, políticas, programas y presupuestos atinentes.

En principio, todos los proyectos político-electorales deberían sujetarse a ese marco conceptual de referencia (institucional y consensual), por supuesto asumiendo y respetando los diferentes enfoques ideológicos y teleológicos, así como los matices y énfasis programáticos, pero manteniendo una ruta crítica de fortalecimiento del Estado de Derecho, de protección a la economía de mercado y de la implementación de una estrategia educativa coherente y pertinente. Solo en ese contexto, todas las organizaciones políticas podrían contar con la protección y asistencia del Estado, así como con el soporte de los empresarios, las universidades, la comunidad internacional y la sociedad civil en general.

La apuesta al proyecto personalista de fulano, mengano, zutano y perencejo, y no a una genuina democracia republicana, nos condena a seguir pagando la onerosa factura de la fragmentación, de la conflictividad, del desorden, del rezago, de la impunidad, de la corrupción y de los atajos que invariablemente ofrecen los lobos populistas y autoritarios con piel de oveja. ¡No nos engañemos!

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