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Editorial de hoy

De maras y payasos

opinion

Hoy ellos tratan de venderse como personas sin mácula alguna.

 

Después de la serie de fiascos que llevaron “los mejores analistas del país”, con sus vaticinios al respecto de la crisis política del año pasado, de verdad que resulta entretenido leerlos. Y es que no le atinaron a una sola. Por eso no sorprendieron a nadie cuando dirigieron su dedo acusador hacia la familia militar, tratando de hacernos ver como responsables del atentado terrorista contra un autobús. Algunos incluso se aventuraron a insinuar una intrincada conspiración y hasta un ataque contra uno de los suyos, asunto al que hay que ponerle atención, dada la facilidad con que la extrema izquierda fabrica sus mártires; no es de nosotros de quien se tienen que cuidar, sino de sus compañeros. La autoría del atentado quedó resuelta después de una bizarra conferencia de prensa que ofrecieron desde la prisión varios miembros de la pandilla 18, que demostraron más habilidad para dar declaraciones, que el ministro de la Defensa.

El nivel de capacidad ofensiva de las maras y su disposición de hacer daño se han incrementado; por eso, es imperativo utilizar al Ejército para combatirlas. Recordemos que ya en el pasado la institución armada combatió con éxito a las más peligrosas pandillas; porque si usted pone atención, verá que el EGP, las FAR, la ORPA y el PGT fueron eso; grupos de pandilleros que, al igual que los de la 18 y la Salvatrucha, también se dedicaron al terrorismo, el sicariato, la extorsión y el secuestro, y también tenían –y siguen teniendo– largos tentáculos internacionales.

Pero mientras el Procurador de los Derechos Humanos continúe sirviendo como escudo para los delincuentes, la tarea de las fuerzas de seguridad se torna más difícil; por eso, ya que el período de Jorge De León Duque –que secundó la acusación de “los mejores analistas del país”– al frente de la PDH vence en agosto, es imperativa la necesidad de buscar para su reemplazo a alguien con la integridad suficiente para cumplir con la verdadera misión del ombudsman, que es la de velar porque los derechos de los ciudadanos decentes no sean violados por el Estado. Y qué decir de los funcionarios de derechos humanos de la ONU, Valerie Julliand y Alberto Brunori, que no han hecho más que alimentar la confrontación entre los guatemaltecos, mientras ganan un salario que triplica el de sus colegas en otros países, por trabajar –según ellos– en una zona de alto riesgo similar a Irak, una mentira que les sirve para lucrar a tal punto que, como me aseguran, uno de ellos ya posee un valioso inmueble en La Antigua Guatemala. Para esos personajes y sus compañeros de ruta de la extrema izquierda que integró las pandillas de asesinos durante la guerra es importante que, cuanto antes, Guatemala sea declarado un Estado fallido, ya que solo de esa manera podrían lograr acceder al poder que el pueblo les niega de forma crónica en las urnas. Hoy ellos tratan de venderse como personas sin mácula alguna, a pesar de la corrupción rampante en el manejo de muchos cientos de millones de quetzales en los resarcimientos que han manejado con toda impunidad, a consecuencia de juicios ilegales contra militares.

Uno de sus descendientes está presto para iniciar una cacería contra el sector productivo; aunque Juan Francisco Solórzano Foppa se vista como un inofensivo payaso, sabemos quién es, y a qué llegó a la SAT.

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