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Editorial de hoy

Corrupción y democracia

opinion

En un reciente discurso en el municipio de Feira de Santana, en el noreste de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff expresó: “Estoy a favor del más riguroso combate a la corrupción y de que todos los corruptos vayan a la cárcel. De lo único que no estoy a favor es de que alguien justifique que, para combatir la corrupción, también hay que llevarse la democracia por delante”.

El régimen populista de Rousseff se encuentra bajo fuego después que nombró al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, como jefe del gabinete de ministros, el cual lleva inherente la inmunidad para ser enjuiciado penalmente de manera directa, a fin de impedir que la justicia oficial lo procese penalmente por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y de ocultación de patrimonio en el marco de los escándalos de corrupción que sacuden a la petrolera estatal Petrobras.

De hecho, la situación degeneró en un verdadero “polvorín político” cuando la judicatura a cargo de la persecución penal contra Lula Da Silva hizo pública una conversación telefónica entre este y la gobernante Rousseff, en la que esta le dijo: “Usa este papel solo si lo necesitas. Es el acta (de nombramiento de ministro)”.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Gilmar Mendes, suspendió el nombramiento de Lula Da Silva como jefe del gabinete de ministros, bajo el argumento de que el mismo es “una especie de salvoconducto emitido por la presidenta de la República”.

Esta decisión automáticamente despoja a Lula Da Silva de la inmunidad inherente al cargo de ministro; y, asimismo, habilitó al juez Sérgio Moro, a cargo de la investigación de la corrupción en Petrobras.

En todo caso, la declaración de Rousseff en el sentido de hacer creer que la democracia brasileña está en peligro debido a la persecución penal en contra de Lula Da Silva es una suerte de “patadas de ahogado”. La adopción del régimen de gobierno democrático jamás puede suponer una legitimación para la corrupción. Además, Brasil también ha adoptado el sistema de gobierno republicano, sustentado en la supremacía de la ley y en la sujeción de gobernantes y gobernados a su imperio, sin excepciones.

Por consiguiente, espantar con el “petate del muerto” de que la democracia brasileña está en peligro debido a que existen indicios racionales de criminalidad en contra del expresidente Lula Da Silva, solo busca sorprender a incautos. Más bien, el juzgamiento del otrora “intocable” Lula Da Silva y el eventual juicio político contra Rousseff, por su intento de burlar a la justicia oficial, sentarán un valioso precedente y deberán interpretarse como una muestra clara de fortaleza de la democracia institucional brasileña y no lo contrario.

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