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Editorial de hoy

“Lula” y Rousseff en la picota

opinion

El miércoles pasado, el Juez Federal de Brasil, Sergio Moro, divulgó una conversación telefónica entre el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, y la actual gobernante brasileña Dilma Rousseff, conferencia en la cual esta le expresa a aquel que le había enviado el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete de ministros, para que pudiera “usarlo en caso de necesidad”.

En Brasil, la Fiscalía de São Paulo ha solicitado la prisión preventiva de Lula Da Silva, sindicado de la comisión de los delitos de lavado de dinero y de ocultación de patrimonio. Dicha petición obedece a un presunto riesgo de fuga y de que el sindicado obstaculice la investigación criminal en su contra. La respectiva investigación se enmarca dentro del caso Petrobras (Operación Lava Jato), resultado de la cual se imputa a Lula Da Silva la obtención de beneficios ilícitos de constructoras durante su gestión gubernativa. En todo caso, la Fiscalía señala a Lula Da Silva de ser “uno de los principales beneficiarios” de la corrupción de Petrobras. El Juez Federal Moro controla la investigación penal contra Lula Da Silva.

Días atrás trascendió que Rousseff presuntamente estaba considerando incorporar a Lula Da Silva a su equipo de gobierno, para investirlo de inmunidad e impedir que sea encausado penalmente sin la previa autorización del Supremo Tribunal Federal, lo que efectivamente ha ocurrido. Sin duda, esta decisión presidencial se ha interpretado como un intento de garantizar impunidad a Lula Da Silva, a través de la concesión del derecho de desafuero, aforo o antejuicio.

El derecho de desafuero, aforo o antejuicio es la garantía que se otorga a los ministros de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los tribunales ordinarios correspondientes, sin que previamente exista declaratoria del Supremo Tribunal Federal que ha lugar a formación de causa penal en su contra.

Sin duda, lo que ha hecho la presidenta Rousseff es una burla al sistema de justicia brasileño, toda vez que está sustrayendo a Lula Da Silva de una legítima persecución penal por la presunta comisión de los ilícitos penales mencionados. En otras palabras, Rousseff está impidiendo que Lula Da Silva pueda ser juzgado como cualquier ciudadano común y corriente, extremo que, además de ser inaceptable, es un típico abuso de poder, que también debería ser causa de sanción contra Rousseff mediante el
procedimiento incriminatorio correspondiente.

De cualquier manera, un genuino Estado de Derecho demanda que el imperio de la ley se extienda a todas las personas, tanto gobernantes como gobernados.

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