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Editorial de hoy

Todo sigue igual

opinion

“Las elecciones judiciales se han convertido en combates políticos en busca de premios monetarios, en donde partidos políticos e intereses especiales buscan instalar jueces que respondan a sus intereses en lugar de responder a la ley y la Constitución”. Estas palabras de la famosa Juez Sandra Day O’Connor, primera mujer en ocupar tan alta posición dentro de la Corte Suprema de EE. UU., nos vienen como anillo al dedo después de lo que ha sucedido con la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad. Salvo algunas honrosas excepciones, sobre muchos de los nuevos magistrados titulares y suplentes penden serias dudas acerca de su independencia de criterio, honorabilidad y capacidad.

Por más que se haya cumplido con todo lo que demanda la Ley de Comisiones de Postulación y algunos de los procesos de elección hayan sido medianamente transparentes, la conformación final de la nueva Corte de Constitucionalidad constituye la más clara evidencia de lo que sucede cuando la defensa de intereses particulares se antepone a la búsqueda de la justicia y la defensa del orden constitucional. Al igual que en ocasiones anteriores, muchos juristas de reconocida honorabilidad, trayectoria profesional y amplia capacidad fueron descartados de entrada por el simple hecho de ser profesionales independientes de los intereses que han controlado históricamente la conformación de esta Corte.

Desde esta perspectiva, por más doloroso que resulte admitirlo, en Guatemala la justicia parece haber cambiado muy poco respecto del pasado. De poco o nada vale renovar la práctica de la política en Guatemala si el control de la justicia a su máximo nivel sigue en manos de quienes han propiciado la corrupción, ingobernabilidad y debilidad institucional que está asfixiando a nuestro país. Se quedó corta la plaza el año pasado al concentrar sus demandas en la renovación de la vieja política, los acontecimientos recientes demuestran que la renovación de la justicia es más importante y urgente que el de la propia política. Mientras no se comprenda la importancia del Estado de Derecho para el desarrollo político, institucional, económico y social del país, seguiremos disipando nuestros esfuerzos en reformas urgentes y necesarias pero de impacto limitado para transformar de manera definitiva nuestro país.

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