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Editorial de hoy

Pena capital

opinion

Precisando algunas cosas.

La pena de muerte, es la manifestación más grave del “ius puniendi”. Parcialmente proscrita en Guatemala desde 1986, pues solamente es aplicable a hombres comprendidos entre los 18 y los 60 años, sigue apareciendo tanto en la Constitución (paradoja del capítulo de los derechos humanos individuales), como en el Código Penal. Una curiosidad de nuestra Carta Magna, es que el Artículo 18 permite que el Congreso pueda abolir la pena de muerte sin necesidad de reforma constitucional. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente delegó esa facultad en un poder constituido.

Hoy, sin embargo, pareciera haber un clamor popular, no solamente por hacerla efectivamente aplicable, sino extenderla a otros delitos que actualmente no contemplan la pena máxima como castigo. La corriente actual es, pues, antiabolicionista.

¿Es porque existe una convicción en su poder disuasivo?

Otra particularidad de nuestra actual Constitución es que, en contraste con sus al menos tres predecesoras inmediatas, no se contempla como facultad del Presidente, la de otorgar la “gracia” o el perdón, mediante la conmutación de la pena al condenado a muerte. La Constitución del 1945, en su Artículo 137 (9); la de 1956, en su Artículo 168 (29) y la de 1965, en su Artículo 189 (30), contenían facultad expresa al Mandatario para sustituir la pena de muerte por la inmediata inferior. No sé si la ausencia de norma constitucional que contemple la conmutación de la pena de muerte, fue a propósito, o por omisión no intencional. Se puede pensar que esa facultad clásicamente asignada a un Jefe de Estado, es una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Un resabio de la antigüedad y del medioevo y sus monarquías. Pero, independientemente de la razón de su no inclusión en nuestra ley fundamental, en todo caso, el famoso Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), vigente en Guatemala desde el año 1978, obliga a que todo condenado a muerte tenga derecho a pedir la conmutación de la pena, y que mientras la solicitud esté pendiente, no se puede ejecutar la misma. He aquí el verdadero meollo del asunto. Pero ya hay algunos diputados que están promoviendo una ley que regule la forma de tramitar el perdón presidencial. De aprobarse esa iniciativa, ya no quedarían en el limbo jurídico las sentencias con pena capital. Qué pena que nuestros problemas de inseguridad y violencia se tengan que resolver con otra pena. Así están las cosas.

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