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Editorial de hoy

Último inning para la CC

opinion

El proceso que ahora está en marcha, se encuentra excepcionalmente sometido a un severo escrutinio social derivado del despertar ciudadano surgido el año pasado.              

En teoría las Cortes Constitucionales se constituyen como un poder de control para salvaguardar el orden constitucional establecido frente a amenazas de otros órganos de Estado o actores privados que con sus actos pretendan violentar las normas y principios constitucionales. También en teoría, se entiende que, si ese orden es debidamente resguardado, una sociedad debería alcanzar niveles de bienestar y gobernabilidad para sus habitantes, asegurando que el denominado “pacto social” que representa la Constitución Política de un país, se mantenga vigente y legitimado.

Tal cosa dista mucho de ser una realidad en Guatemala donde el modelo constitucional inaugurado en el año 1985 nunca logró estabilizarse, y se encuentra sometido a continuas y permanentes crisis que han alcanzado la propia legitimidad de la Corte de Constitucionalidad. Desde temprano, cuando apenas corrían ocho años de haber entrado en vigencia, el orden constitucional se vio amenazado con el intento de clausurar los poderes Legislativo y Judicial por parte del jefe del Ejecutivo, siendo precisamente la CC la que, apegada a su mandato y función, abortó ese intento y dio la ruta para retomar el orden constitucional. Fue en esa ocasión que, para la gran mayoría, un órgano que era nuevo y poco comprendido, adquirió relevancia y carta de legitimidad.

Desafortunadamente, de allí en adelante la clase política del país entendiendo que era inviable gobernar asumiendo todos los poderes, optó por la vía de la cooptación asegurando ya no solo tener la cuota del poder Ejecutivo, sino tomar control por métodos mercantiles de los poderes Legislativo, Judicial y Constitucional, conformando un modelo de fachada democrática elegido cada cuatro años, pero que permanecía inalterable en términos de mantener una cartera segura de negocios para patrocinadores y gerentes políticos. En ese contexto, la CC fue progresivamente atrapada por diversidad de redes de interés que idearon métodos nunca antes vistos, para asegurar que sus representados llegaran a ocupar una de las diez magistraturas.

Así, pese a los intentos por regular y normar los procesos de selección que corresponden a los órganos electores, estos siguen incurriendo en prácticas como el conflicto de interés postulando miembros del mismo cuerpo elector, para una magistratura. Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia, no cayó en esa práctica que hubiera puesto en entredicho todo el proceso. Esperemos que la Universidad de San Carlos no sea la que dé el mal ejemplo, eligiendo a un miembro de su mismo Consejo Superior Universitario.

De la meritocracia que vimos en la selección de las primeras dos magistraturas, se pasó a una selección dominada por el tráfico de influencias en al menos los últimos cuatro procesos de selección para integrar la CC. El proceso que ahora está en marcha, se encuentra excepcionalmente sometido a un severo escrutinio social derivado del despertar ciudadano surgido el año pasado, pero pese a ello, los poderes acostumbrados a cooptar y neutralizar los órganos estatales para sus propios fines, se resisten a claudicar y liberar las instituciones.

Así las cosas, la selección de la próxima magistratura constitucional representa a mi juicio el último inning que se juega el actual modelo constitucional, pues el próximo periodo de cinco años tomando en cuenta la precariedad de la legitimidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y hasta de los gobiernos municipales, amenaza con colapsar el edificio político institucional incluido el penthouse que representa la CC. Falta por saber si se tratará de un tsunami institucional que arrase con todo, incluida la CC, o si bien la magistratura conformada en esta y la próxima semana, estará a la altura de rectorar reformas constitucionales progresivas y graduales que aseguren un proceso de reforma que no signifique la refundación del orden constitucional en su conjunto.

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