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Editorial de hoy

Gobernadores que estrechan la base de poder

opinion

Refuerzan la argolla del entorno presidencial.

El nombramiento de gobernadores departamentales es cada vez más un acto político de repartición del poder en el territorio intermedio del Estado, y cada vez menos un hecho burocrático y meramente simbólico. A medida que el gobernador incide en el manejo de presupuestos de los Consejos de Desarrollo y logra ascendencia sobre los aparatos de la administración pública en los departamentos, su estatura política y centralidad es más relevante.

Se supone que el gobernador es el representante del Presidente de la República en la circunscripción administrativa departamental, pero su forma de elección descansa en la conexión de las fuerzas locales con el poder central. Es pues una representación concertada con los sectores sociales y políticos de los departamentos, pero que ordinariamente refleja la estructura de poder dentro de la coalición de Gobierno. Por eso no extraña que alrededor de un tercio de los nuevos gobernadores, que serán hoy juramentados por el presidente Jimmy Morales, sean candidatos frustrados a diputados al Congreso por el partido FCN-Nación, y que los demás resulten una mezcla de transacciones con fuerzas aliadas y pagos de facturas de campaña o de otra índole.

Es una fórmula convencional como el Presidente y su partido consolidan o arriesgan su propia gobernanza como grupo de poder, irradiándola hacia los territorios. La integración del cuerpo de gobernadores expresará la gobernabilidad o no del Gobierno Central en cada departamento, y su progresivo desgaste o legitimidad. El peso de los gobernadores es disímil según el lugar. En el departamento de Guatemala es poco relevante, por la concentración de los poderes estatales y sociales en este territorio; pero en los otros departamentos –aun con municipios que son auténticas capitales, como La Antigua y Quetzaltenango– los gobernadores son un punto de referencia, a veces más notables que los diputados.

Jimmy Morales ha seguido la tónica de todos los gobiernos del periodo democrático, no obstante la limitada implantación territorial de su partido y los compromisos de campaña en teoría bajos. Es la misma lógica que empleó innecesariamente para integrar su Gabinete: en vez de concertar abiertamente con las fuerzas vivas de la sociedad (que eso también le faculta la ley) una elección de gobernadores con el máximo apoyo social posible, que a la vez comprometiese a los diferentes sectores con apoyos y fiscalización positiva, el presidente Morales se ha echado precozmente a la espalda otro fardo de desgaste frente a las sociedades en verdad comprometidas con el desarrollo de sus departamentos. Son costos altos para el menguante capital de legitimidad del gobernante con beneficios cortoplacistas que solo refuerzan la argolla de su entorno. El Presidente se expone a que se le juzgue por su representante territorial, cuando la opción de fortalecer la autonomía del gobierno departamental es la manera de ganar gobernabilidad democrática y la responsabilidad de las sociedades regionales.

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