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Editorial de hoy

La modernización financiera, una agenda pendiente

opinion

Los desafíos que impone la globalización económica requiere que las compañías cuenten con fuentes de capital de largo plazo.

El proceso de modernización financiera en Guatemala arrancó, en su primera fase, en 2002 con la emisión de la nueva Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Ley de Libre Negociación de Divisas, Ley Monetaria y Ley de Supervisión Financiera, y en 2010 concluye el proceso con la promulgación de la Ley de la Actividad Aseguradora. Todas ellas disposiciones acertadas que vinieron a dinamizar al sistema financiero sobre bases sólidas que lo han convertido en uno de los más eficientes, rentables y seguros de la región centroamericana.

 

Pero, faltó concluir el siguiente ciclo, con la promulgación de otras importantes leyes que vendrían a complementar a las anteriores, relacionadas con los temas del mercado de valores, garantías mobiliarias, quiebras e insolvencias, Microfinancieras, leasing financiero y factoraje, ley de tasa de interés preferencial para vivienda; iniciativas que se encuentran engavetadas en el Congreso de la República, inexplicablemente desde hace varios años. Cosa que resulta inadmisible, sobre todo cuando confrontamos niveles altos de desempleo, subempleo e índices insoportables de violencia.

 

Esas leyes complementarias sin duda vendrían a reactivar la economía del país, impulsando las inversiones, promoviendo las exportaciones, creando fuentes de trabajo, formalizando los sectores de la economía subterránea; mediante la facilitación del crédito, operaciones bursátiles, registro de garantías, certeza jurídica a Microfinancieras y una ley de quiebras que permita un proceso ordenado de reestructuración de empresas insolventes o cierre definitivo de las mismas.

 

La financiación de las empresas no solo corresponde al sistema bancario tradicional sino al denominado crédito comercial, otorgado a través de la figura del leasing financiero o arrendamiento con opción a compra que permite ir pagando la inversión conforme vaya produciendo el activo, a cambio del pago a la arrendadora en cuotas periódicas. Esta es una herramienta financiera muy utilizada en otros países, que podría prosperar más localmente si hubiera una normativa que regule la actividad. No obstante ello, varias compañías en Guatemala ofrecen ese servicio que ya suma más de Q3 mil millones en contratos, y que necesita para su expansión de reglas claras en cuanto a registros contables y aseguramiento de fuentes de financiamiento. En toda América Latina hay leyes en esta materia, menos en Guatemala.

 

Otra fuente de crédito no tradicional, lo constituye el factoraje o factoring (vocablo inglés que se utiliza para designar la acción de compra de facturas o documentos de crédito) que consiste en ceder o descontar una venta al crédito a quien financia la operación; herramienta muy utilizada en otras partes que fortalece el capital de trabajo de los negocios, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que venden sus productos a plazos con poca certidumbre de recibir los pagos en tiempo. El papel del factoraje consiste precisamente en otorgar los recursos financieros necesarios a las empresas, dando garantías y servicios de cobranza para que las ventas al crédito locales y las provenientes del comercio exterior se conviertan en ventas de contado.

 

Las operaciones bursátiles también son otro instrumento de desarrollo que necesita un nuevo marco regulatorio, más actualizado en donde se puedan negociar los títulos-valor sin trabas privilegiando la libre circulación de pagarés, bonos, acciones y otros valores. Los desafíos que impone la globalización económica requiere que las compañías cuenten con fuentes de capital de largo plazo, que hagan posible una mayor capitalización de los negocios, sociedades de inversión que faciliten las operaciones de capital de riesgo y fondos de inversión que aseguren rentas y diversifiquen riesgos.

 

Como se ve es impostergable la emisión de estas leyes que con toda seguridad apoyarán el crecimiento de la producción, apuntalarán los pequeños emprendimientos, formalizarán la economía, crearán nuevas plazas de trabajo y fomentarán las inversiones, tan necesarias en estos momentos que atraviesa la economía del país.

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