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Editorial de hoy

Ley de Aguas

opinion

Economía, sociedad y ambiente = Guatemala digna.

 

En este país, un cliché empleado en una ordinaria tertulia política –donde casi siempre se finaliza con un halo desesperanzador e impotencia ciudadana–, es que “hoy no hay condiciones para transformar al Estado y a la sociedad”, de hecho ese viso de dura realidad nacional es el que permite que las utopías sigan vigentes, guiando los derroteros de lucha social de los sectores/actores subalternos en un contexto globalizado e interdependiente.

Empero, me parece que ahora más que nunca existe una efervescencia política y social que debe permitirnos a los “dominados” acumular fuerza en los colectivos, autoformarnos epistemológicamente, construir y ampliar las alianzas/redes e implementar procesos tácticos (aprobación de Ley de Desarrollo Rural) y estratégicos (reformar la Constitución Política), donde una de las apuestas claves debe ser la gestión técnica y política para la promulgación de la Ley de Aguas.

Dicha legislación tendría por objeto la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en esta materia. Esto significaría que las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso subordinado bienestar común, que forma parte del dominio público-estatal.

En este sentido, es urgente que el Congreso apruebe la iniciativa 3702 relativa a la “Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos”, la cual desde 2008 cuenta con dictamen favorable, y ha sido engavetada pese a la importancia de regular un recurso natural imprescindible para todas las formas de vida existentes en la Pachamama.

Para reflexionar a profundidad sobre este fenómeno, es importante preguntarse lo siguiente: ¿Cuáles son los factores determinantes (intereses, necesidades, relaciones de poder, dogmatismos y miedos) que intervienen en la no aprobación de la Ley de Aguas? ¿Cuáles son las otras leyes complementarias que deben aprobarse para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (minería, ordenamiento territorial, electricidad y gestión del riesgo)? ¿Qué institucionalidad pública debe operativizar los Artículos 97, 121, 127 y 128 de la Carta Magna, y los convenios ratificados por el Estado en materia socioambiental?

No obstante, la ley per se no genera cambio social, donde paralelamente deben implementarse ajustes al modelo económico, educar para la vida y configurar un sistema político inclusivo y democrático.

framont@gmail.com

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