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Editorial de hoy

Reformas a ley del MP

opinion

Entre las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) aprobadas por el Congreso se suprimió el Consejo del MP, es una única causa justificada para la remoción del Fiscal General (FG) por parte del Presidente de la República, así como se fortalecen las juntas disciplinarias y la carrera de Fiscal.

El Consejo del MP fue creado durante el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000) con la clara pretensión inconstitucional de “controlar” al FG.

Dicho Consejo se integraba así: 1) El Congreso debía elegir a tres de los siete miembros que lo integraban entre los cinco candidatos propuestos por la respectiva Comisión de Postulación de la nómina de seis candidatos a FG, que no habían sido escogidos por el Presidente de la República para ocupar el cargo de FG, es decir entre los cinco postulados restantes; y 2) Los otros cuatro miembros del Consejo del MP eran el FG y tres fiscales electos en asamblea general de fiscales.

El Consejo del MP tenía a su cargo conocer las apelaciones presentadas contra las sanciones de suspensión o remoción impuestas por el Fiscal General a los Fiscales de Distrito y de Sección, y a los jefes administrativos, así como las apelaciones contra los traslados de Fiscales. El Consejo del MP también estaba facultado para investigar las actuaciones del FG y el resultado de dicha investigación ponerlo en conocimiento del Presidente de la República. Es decir que el Consejo del MP era jerárquicamente superior al FG.

 En la Constitución claramente se establece que el jefe del MP es el FG, es decir que este es el funcionario de mayor jerarquía en la institución. Por otro lado, en la Constitución no está previsto el Consejo del MP como órgano superior jerárquico de la institución. En consecuencia, existía una clara incompatibilidad entre lo que dicta la Constitución y la existencia del Consejo del MP, como instancia superior jerárquica del MP. Por tanto, la supresión del Consejo del MP era, además de imperativa, pertinente.

 En cuanto a la remoción del FG, el Artículo 251, último párrafo, de la Constitución dispone: El Presidente de la República podrá removerlo (al FG) por causa justificada debidamente establecida. La reforma a la Ley Orgánica del MP establece que el Presidente solo podrá remover al FG por condena por delito doloso. Sin embargo, la condena por delito doloso es causa automática de pleno derecho para que el FG quede separado del cargo, sin que se necesite de la intervención del Presidente, por lo que la condena por delito doloso no puede ser causa justificada de remoción por el Presidente. Luego, ahora la “causa debidamente establecida” para la remoción del FG por el Presidente prevista en la Constitución quedó más discrecional que nunca.

Finalmente, nunca entendimos la discusión de “ranas bizantinas” en torno al contenido del Artículo 6 de la Ley Orgánica del MP, ya que el Artículo 319, párrafo segundo, del Código Procesal Penal dispone: “Para solicitar informaciones de personas jurídicas o individuales, el Ministerio Público deberá solicitar autorización de juez competente”.

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