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Editorial de hoy

Pactos de trabajo lesivos

opinion

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha venido investigando los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo suscritos en el sector público, y ha determinado que la gran mayoría de estos fueron celebrados sin que previamente se determinara si el Estado contaba con los recursos financieros para cumplirlos ni tampoco con las fuentes de los fondos.

El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo (PCCT) suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), el 21 de agosto de 2013, es un ejemplo elocuente de este tipo de convenios, que, además, contiene disposiciones lesivas (para los intereses estatales) e inconstitucionales, las cuales también están incorporadas en otros pactos de trabajo suscritos en el sector público (Congreso, INDE, Ministerios de Educación y Agricultura, etcétera).

Desde que se tuvo acceso al contenido del susodicho PCCT se detectaron varias disposiciones gravosas para el Estado y jurídicamente cuestionables, tales como: (i) La creación de una comisión bilateral conformada por dos representantes del SNTSG y dos representantes del MSPAS, para la discusión e implementación de los procesos de ingresos, ascensos, traslados y permutas de trabajadores; (ii) El pago de onerosos bonos por antigüedad real; (iii) El pago de altas sumas de dinero en concepto de viáticos a los sindicalistas; (iv) El numeroso grupo de sindicalistas (2 mil 069) con “licencia sindical” para no laborar; (v) La prohibición de que los trabajadores puedan ser despedidos sin justa causa mediante el correspondiente pago indemnizatorio, aunque la Constitución dispone: “Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario”; (vi) La sustitución de la indemnización por despido injustificado por la prestación denominada “compensación económica por tiempo de servicio”, a razón de un mes de salario por cada año laborado sin límite de tiempo, que es una suerte de indemnización universal; y (vii) Ajustes salariales anuales.

Por cierto, dado que la Administración Pública se rige por el principio de que solo está permitido lo que la Constitución y la ley expresamente establecen, entendiéndose por prohibido lo no permitido, los funcionarios no pueden negociar y pactar con los sindicatos condiciones de trabajo que contradigan la Constitución y la ley, o que excedan los límites de lo estrictamente permitido.

Por tanto, los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo suscritos en el sector público, en general, contienen disposiciones lesivas e inconstitucionales que obligan al Estado, en menoscabo de sus intereses y de la constitucionalidad del país, y que imperativamente deben ser revisadas o declaradas lesivas o sin vigencia. No debe permitirse que rija el lema: “Lo mío es mío, lo tuyo es nuestro y lo que no alcance se paga con tus impuestos”.

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