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Editorial de hoy

Jueces o legisladores

opinion

El voluminoso dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad en referencia al proyecto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de más de 340 páginas de largo, es un buen ejemplo del riesgo que se corre cuando los integrantes de una Corte de este tipo van más allá de su mandato específico. En este caso, tal y como lo manda el Artículo 175 de la Constitución Política de la República, la reforma de “leyes calificadas como constitucionales requieren…previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad”. En un sentido de estricto apego a la norma citada, los dictámenes de la Corte de Constitucionalidad en esta materia deberían circunscribirse únicamente al tema de su competencia. Es decir, al análisis de aquellos pasajes de las leyes que presenten vicios de inconstitucionalidad y no al de otros temas que no presenten ese tipo de problemas.

El dictamen desfavorable a la postulación de diputados distritales por parte de comités cívicos electorales es un buen ejemplo de este tipo de activismo judicial. Más allá de las sesudas reflexiones jurídicas de los magistrados constitucionales, este dictamen elimina de un plumazo la posibilidad de introducir más competencia y pluralidad en el sistema político guatemalteco mediante un mecanismo que ha sido utilizado ampliamente en el pasado y que nunca ha sido catalogado de inconstitucional. En todo caso, si el problema de inconstitucionalidad radicaba en pretender otorgar a dichos comités la facultad para postular candidatos a una Asamblea Nacional Constituyente, hubiera bastado con dictaminar desfavorablemente esta parte del articulado y haber dejado abierta la otra posibilidad.

Cuando la Corte de Constitucionalidad entra a dictaminar sobre asuntos que no tienen vicios constitucionales rebasa su función natural como legislador negativo, es decir, de dejar sin efecto y expulsar del sistema jurídico disposiciones legales que atenten contra la Constitución y se convierte en un legislador positivo. En razón que sus dictámenes son de cumplimiento obligatorio, esta forma de proceder la convierte automáticamente en un legislador positivo, función que corresponde únicamente al Congreso de la República de Guatemala. Intolerable forma de proceder, sobre todo en situaciones en donde ciertos magistrados pueden estar más interesados en el protagonismo público o en quedar bien con determinados grupos de poder para garantizar su reelección, que en impartir justicia constitucional.

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