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Editorial de hoy

La judicialización internacional y Guatemala

opinion

Guatemala estuvo a punto de llevar a la CIJ en el caso de Belice en su disputa con Londres en 1949.

La pequeña ciudad holandesa de La Haya sigue siendo la capital de la justicia internacional. Desde inicios del siglo XX albergó la Corte Permanente de Arbitraje Internacional (CPAI); luego, tras la II Guerra Mundial, surgió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como organismo de las Naciones. En la década de los noventa nació la Corte Penal Internacional (CPI). Las tres tienen sede en La Haya donde se focaliza la judicialización de las Relaciones Internacionales, en un juego entre diplomacia versus arreglo de controversias de manera pacífica. Las dos primeras resuelven disputas entre Estados mientras la CPI juzga individuos por delitos contra la humanidad.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene un amplio mandato pero limitado. Es el organismo judicial de la ONU dispuesto para resolver disputas entre los Estados. Los 15 jueces son elegidos por la Asamblea General y duran nueve años en sus cargos. Asesoran a las autoridades de la ONU y resuelven contenciosos entre los Estados, siempre con su consentimiento. El requerimiento se inicia con un escrito y luego se pasa a la fase oral para presentar los argumentos del caso. Los valores que la determinan son el interés público y, desde hace poco, la protección ambiental también se le puede pedir una opinión.

Guatemala estuvo a punto de llevar a la CIJ en el caso de Belice en su disputa con Londres en 1949 pero pidió que fuera bajo la opción Ex aquo et bono (Artículo 38 del Estatuto de la CIJ), para el análisis en justicia y no solo lo legal, que Londres no aceptó. Desde 1999 Guatemala ha manifestado su anuencia por llevar a esa Corte ese diferendo territorial, pero sigue en un limbo por razones conocidas.

Al efecto, hay que ver si conviene pasar el caso a la Corte Permanente Internacional de Arbitraje (CPIA)1, pues este organismo también conoce diferendos entre los Estados (así como de Estados frente a corporaciones). La CPIA es un organismo intergubernamental antiguo. No es una Corte en el sentido clásico, pues lo que tiene fijo es una oficina administrativa, con un secretario general, que provee los servicios para preparar un arbitraje a pedido de los Estados. Su objetivo es resolver disputas territoriales, comerciales, sobre derechos humanos e inversiones extranjeras. En Sudán resolvió dividir el país para evitar así la guerra fratricida. Se critica el uso de la CPIA por las corporaciones sin anuencia del Estado.

La CPIA resuelve de manera expedita y puede ser una mejor alternativa que la CIJ. Creo que nuestro inteligente Gabriel Aguilera Peralta podría hacer el análisis en torno a nuestro diferendo con Belice. Lo cierto es que esta Corte de arbitraje resuelve en corto tiempo y es mucho menos cara. Se inició en 1899 y en 1907 se refundó. A la fecha tiene 97 países contratantes. La CPIA “provee justos y efectivos procedimientos para la resolución pacífica de conflictos entre Estados relativos a la interpretación, aplicación y ejecución de tratados y otros acuerdos…”, dicen sus estatutos. Los Estados pueden escoger las reglas de arbitraje. Incluso se pueden solicitar fondos para los estados que carezcan de ellos para este tipo de acciones.

La Corte Penal Internacional tiene su origen en los juicios de Núremberg contra los nazis y los juicios contra los jerarcas japoneses por crímenes contra la humanidad. Fueron juicios de los que ganaron la II Guerra. Décadas después, al concluir la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad de la ONU creó tribunales ad hoc para tratar crímenes similares ex post facto para Yugoslavia y Ruanda. Se crearon tribunales híbridos para juzgar a individuos (también gobernantes) que violaron los derechos humanos. En 1998 se creó la CIP, como una Corte complementaria a la jurisdicción doméstica. No obliga a todos sino a los Estados parte. Puede conocer casos por órdenes del Consejo de Seguridad o bien actuar la CPI por su cuenta. No puede en el caso de Siria o Irak porque no son Estados parte. Si bien no tiene poder coercitivo sí reconviene a los Estados parte a que ayuden a la investigación. En realidad se trata de un sistema entre la Corte y los Estados pues ambos tienen que trabajar juntos con el objetivo de evitar la impunidad. Entre otros actores, la CICIG hace parte de ese sistema de la ONU con las Cortes locales por igual.

1 Unctad dispute settlement.1.3. Permanent Court of Arbitration.

ONU. N.Y. -Geneva 2003.

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