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Editorial de hoy

Reclamar la vida, no la muerte

opinion

Los derechos humanos no son de izquierda.

El lunes Guatevisión dedicó su programa Sin filtro a discutir sobre la pena de muerte, quizá el tema más extendidamente emocional en la sociedad. En la primera medición que hizo el canal de los mensajes del público, el 85 por ciento favorecía la aplicación de la pena capital. Hay razones de sobra para esa reacción. Cada día se inscriben 16 lápidas de civiles que les arrebataron la vida violentamente por robarles un celular o un auto, o porque no pagaron el impuesto extorsivo, o salió mal un negocio. Las razones sobran para cobrar con la vida.

El Estado, llamado a proteger a sus habitantes, ha fallado, por eso los homicidios siguen y son industrias prósperas de distintas escalas. Hay demasiada mano de obra calificada para matar. Dos clientes en una peluquería, en una tarde cualquiera, pueden negociar una muerte desvergonzadamente, y es casi seguro que el contratista hace bajar la tarifa al sicario. Desatamos una espiral sin fin de sangre y muerte. Nadie duerme tranquilo hasta saldar la afrenta; ni las víctimas civiles del conflicto armado, que sin embargo buscaron justicia en los tribunales, no venganza.

“Cobrar la vida del agresor escapa de nuestras manos, el Estado debe cobrar por nosotros”. Eso me dijo un señor en la zona 6 en la víspera de la elección de Otto Pérez en 2011. Mi convicción desde siempre es que la pena de muerte es moralmente inadmisible y en la práctica ineficaz. Ni en la década de 1980 bajo asedio del Estado terrorista empuñé un arma en autodefensa, menos iba a atacar o planificar la muerte de alguien, en plena guerra irregular no declarada. Ahora me pongo en los zapatos de otros y reclamo la actitud vergonzante de los políticos. El Artículo 18 de la Constitución establece la pena de muerte en negativo: pone excepciones a su aplicación, establece un complejo proceso hasta la instancia de casación y deja la tarea al Congreso de abolirla. Abrumado por las peticiones de indulto, en 2000 Alfonso Portillo pidió al Congreso una suerte de “moratoria” y de ahí en adelante los jueces ya no volvieron a condenar a pena de muerte.

Pero es inocultable la paradoja. Sectores de la sociedad y fuerzas oficiales que operan en la clandestinidad matan sumariamente a presuntos delincuentes. Así ajustan cuentas directas e indirectas descartando el contrato social. Pero los homicidios siguen campantes y el Estado impotente. La gente clama que el Estado se manche oficialmente. Por supuesto eso nada resolverá solo empeorará las cosas, pero es zanahoria carnosa de políticos populistas que no saben qué hacer (además de abusar, mentir y robar). El atajo de la pena de muerte nos hundirá más, pues no se trata de reclamar la muerte, sino la vida. Reconocer la dignidad del otro y el derecho a la vida de todos. Contrario a lo que dijo mi interlocutor en el programa de TV del lunes, los derechos humanos no son de izquierda (pregúntenle a los disidentes de los regímenes comunistas), son una aspiración civilizatoria por encima de las ideologías.

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