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Editorial de hoy

Peligrosa tergiversación de conceptos

opinion

Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no representan a quienes les eligen o designan.

La desidia y la ignorancia son muy malas consejeras y, sobre todo, cuando se tiene el delicado y peligroso oficio de informar, peligroso, porque si se informa mal, en lugar de informar, se desinforma con las gravísimas consecuencias que la desinformación conlleva.

Y, así, con el más absoluto desparpajo se informa –se desinforma– que las entidades nominadoras se aprestan para designar o elegir a sus “representantes” en la Corte de Constitucionalidad, aberración jurídica que no debemos pasar por alto.

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros; el pleno de Magistrados que integra la Corte Suprema de Justicia; el Congreso de la República (el pleno del Congreso); el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, designen o elijan Magistrados para que integren esta Corte no implica que los Magistrados, así designados o electos, “representen” a las instituciones o autoridades que les designaron o eligieron, como que si se tratara de mandatarios de las mismas, siendo el caso que el único mandato al que los Magistrados se deben es al mandato de la ley –y algo más– desde el momento mismo en que son designados o electos se rompe todo cordón umbilical con las autoridades e instituciones que los designaron o eligieron.

No se trata, pues, de que los Magistrados que sean electos por el Consejo Superior Universitario desempeñen su judicatura en defensa de los intereses de la Universidad de San Carlos o que los electos por el Congreso, los del Congreso, por ejemplo.

El Magistrado designado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, no representa al Presidente ni recibe órdenes suyas en el desempeño de su cargo que, si así fuera, bien podríamos ahorrarnos la existencia de los jueces: si carentes de independencia los jueces, ¿para qué los jueces?

 No se trata, tampoco, de que los Magistrados vean la ley “inspirados” por lo que representan los órganos o entidades que les hayan designado: en el ejercicio de sus cargos no deben tener otra inspiración que la de la Constitución Política de la República, el pacto de paz social que esta constituye.

Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad con respecto a quienes les hayan nominado o electo guardan la misma relación que la poesía al poeta que, una vez publicada, no le pertenece más, sino a todos, tal y como, una vez electos o designados es a todos a quienes el desempeño de los Magistrados pertenece. (Lo dicho en cuanto a la independencia de este Magistrado resulta válido, también, para el Procurador de los Derechos Humanos, para el Ministerio Público, para la Procuraduría General de la Nación y para la Contraloría General de Cuentas que, si carentes de independencia, mejor cerrarlas).

La Corte de Constitucionalidad es el más alto tribunal de Justicia –por encima de todos los demás– siendo la suya la última palabra en materia de Constitucionalidad y, en consecuencia, de las garantías constitucionales, entre estas, la del debido proceso.

Los grupúsculos abusivos –carentes de representación electoral alguna– y la caja de resonancia de que estos gozan en la prensa “fafeada” o ignorante –ejercen una presión sobre electores y autoridades a la que deben estos sustraerse puesto que las posiciones que ocupan y que les permite elegir o designar a estos altos Magistrados– en manos de estos la defensa del orden constitucional y de las garantías constitucionales, no se la deben a estos grupos ni a esta prensa.

La adecuada integración de la Corte de Constitucionalidad es clave para que el pacto de paz social que existe entre nosotros –la Constitución de la República– sea una realidad viva y se preserve.

No quiero cerrar esta columna sin hacer mis mejores votos porque se reforme la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad –implica dictamen previo favorable de esta Corte y se prohíba que los Magistrados Suplentes de la misma puedan litigar, concesión peligrosa de la ley que les ha permitido convertirse en jueces y parte– la Corte tocada, así, por bufetes de milagros.

Nos preocupa lo que importa poco y, por el contrario, no nos preocupa lo toral: la existencia de Magistrados Suplentes con libre ejercicio de la profesión de abogados y notarios constituye todo un atentado en contra de la correcta administración de Justicia.

Magistrados independientes, dedicados a juzgar –sin otros menesteres– y sujetos tan solo a la Constitución y las leyes, tal el ideal en cuya consecución debemos afanarnos.

 Más importante que todos los organismos del Estado, ¡tan claro como eso!, la Corte de Constitucionalidad: sus Magistrados –jueces– no representantes.

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