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Editorial de hoy

Conmutación de la pena de muerte

opinion

El Artículo 4, numeral 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada por el Estado de Guatemala, dispone que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos; y, asimismo, que no se puede aplicar la pena de muerte mientras una solicitud en ese sentido esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

En ese mismo sentido, el Artículo 6.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también ratificado por el Estado de Guatemala, establece que toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena; y, asimismo, que la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

Hasta el 1 de junio del 2000, la facultad de conceder indulto o conmutar la pena de muerte (sustitución por la máxima pena de prisión), conocido comúnmente como el recurso de gracia, correspondía al Presidente de la República, conforme lo ordenaba el Decreto 159 de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, dicho Decreto fue derogado por medio del Decreto # 32-2000 del Congreso, a raíz de que el expresidente Alfonso Portillo (2000-4) se negó a asumir la responsabilidad de conceder o no el indulto que soliciten los condenados a muerte.

La ausencia de una autoridad que conceda o no el recurso de gracia dio lugar a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminara, en sentencia del 20 de junio de 2005, que Guatemala debía regular el procedimiento de indulto para los condenados a muerte. No obstante, el Estado de Guatemala no ha restablecido la plena vigencia del recurso de gracia, por lo que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), arrogándose la función, ha conmutado la pena de muerte por la pena máxima de prisión a los condenados a muerte que se lo han solicitado, a través del recurso de revisión, aunque esto no esté legislado, extremo que deviene jurídicamente cuestionable.

En nuestra opinión, mientras la pena de muerte no sea legalmente abolida en nuestro país, forzosamente debe agotarse el recurso de gracia, el cual debería de ser conocido por el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado y no de Jefe de Gobierno (del Organismo Ejecutivo). Por tanto, toca al Congreso y no a la CSJ poner fin a la incertidumbre a través del restablecimiento del recurso de gracia o, en su caso, de la abolición de la pena de muerte.

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