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Editorial de hoy

Sustitución del presidente Otto Pérez

opinion

La sindicación penal contra el presidente Otto Pérez, presentada por la CICIG y el MP, ha desembocado en la solicitud de levantamiento de la inmunidad de Pérez ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá “autorizar” o no si el Congreso debe tramitar el procedimiento de antejuicio y declarar si ha lugar o no a formación de causa penal en su contra.

Dado que el gobernante Pérez ha decidido no dimitir y permanecer en el cargo de Presidente, la CSJ deberá determinar si las razones de la imputación penal en su contra son o no legítimas, políticas o espurias, y, en su caso, autorizar, como ya apuntamos, que el presidente Pérez sea sometido a antejuicio ante el Congreso. Si la CSJ rechaza la denuncia o querella, el presidente Pérez quedaría en funciones sin más trámite; si, por el contrario, la CSJ autoriza el antejuicio, el expediente deberá remitirse al Congreso, que deberá nombrar una comisión pesquisidora conformada por cinco diputados, que tendrá que dictaminar sobre la procedencia o no de la imputación penal. Con el dictamen favorable o desfavorable de la comisión pesquisidora, el Congreso, por mayoría calificada (con el voto favorable de, por lo menos, 105 diputados), deberá declarar si ha lugar o no a formación de causa penal contra el gobernante.

Si el Congreso declara que no ha lugar a formación de causa penal en contra del presidente Pérez, el asunto terminaría allí. Si, por el contrario, el Congreso resuelve que ha lugar a formación de causa penal, el juez penal competente procederá a indagarlo y a determinar si lo liga o no a proceso penal y, en su caso, si lo deja preso preventivamente o no. Si no queda preso, Pérez continuaría en el desempeño del cargo, aun procesado, pero si el juez ordena la prisión preventiva, Pérez quedaría suspenso en sus funciones, pero sin que por ello deje de ser Presidente, lo que daría pie a que el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre asuma como “Presidente en funciones”.

Esto supone que el presidente Pérez únicamente podría ser separado en definitiva del cargo hasta que sea declarado culpable de los ilícitos que le son imputados y resulte condenado a purgar la pena respectiva. Todo esto debido al derecho a la presunción de inocencia (toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un debido proceso) que debe preservarse en favor del sindicado durante la substanciación del proceso penal.

De esa cuenta, si el presidente Pérez no renuncia o no ha sido vencido en juicio penal (después de agotadas las instancias y recursos legales), a través de una sentencia que cause autoridad de cosa juzgada, no podría haber sustitución definitiva del gobernante (a través de los procedimientos constitucionales) y, por ende, contaríamos con un “Presidente en funciones” (el vicepresidente Maldonado Aguirre) y un “Presidente suspenso en sus funciones” (el presidente Pérez Molina). En este caso, no habría “Vicepresidente en funciones”. ¡Interesante!

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