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Editorial de hoy

El fraude de ley en política

opinion

El fraude de ley es la burla de la ley

 

La consigna “no a la judicialización de la política” se ha convertido en el grito de guerra de los políticos que adversan que el Ministerio Público investigue los hechos punibles imputables a ellos y que estos sean juzgados penalmente ante los tribunales de justicia, como cualquier ciudadano común y corriente que es sindicado de la presunta comisión de delitos.

 

La “judicialización de la política” se relaciona con la persecución penal por motivos políticos, para impedir la participación política, la expresión de ideas políticas o la postulación de candidatos a cargos de elección popular. Un ejemplo elocuente de la “judicialización de la política” es lo que está ocurriendo en Venezuela, en donde el “régimen chavista”, que mantiene cooptado y sojuzgado al poder judicial, encarcela o niega la acción política a opositores.

 

Inequívocamente, la razón de ser del derecho de antejuicio a favor de los candidatos a cargos de elección popular es precisamente evitar que dichas candidaturas puedan ser rechazadas o invalidadas por motivos espurios, ilegítimos o políticos. Sin embargo, esta “inmunidad” no supone que los candidatos no puedan ser juzgados por la comisión de delitos dolosos. En este caso lo procedente es que se levante la inmunidad de la que gozan los candidatos y que sean sometidos a proceso penal ante los respectivos tribunales ordinarios.

 

Desde la apertura política ocurrida en el segundo lustro de la década de los ochenta del siglo pasado, los políticos se resisten a aceptar que el derecho de antejuicio no es un escudo de impunidad, que les impide ser castigados por sus crímenes. Incluso, han pretendido conferir el carácter de “cosa juzgada” a la resolución que declara sin lugar un antejuicio (declaración de no ha lugar a formación de causa penal contra un funcionario o candidato), para que no puedan ser juzgados penalmente después de que cesan en el ejercicio de los cargos o candidaturas, en fraude de los preceptos constitucionales que garantizan que se pueden deducir en su contra responsabilidades penales dentro del doble del tiempo para la prescripción de la pena, y civiles dentro de los siguientes 20 años.

 

Se consideran actos ejecutados en “fraude de ley” aquellos realizados al amparo de una norma constitucional o legal que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. En este caso, la ley determina que esto no impide la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado eludir.

 

El fraude de ley en política es ni más ni menos la posibilidad de que impunemente se burle o frustre la aplicación de una norma imperativa o prohibitiva expresa en función político partidista, con el apoyo incondicional de tribunales de justicia cooptados, parcializados o politizados. Sin duda, la inscripción de la candidatura presidencial del ex-golpista Efraín Ríos Montt en 2003, es un típico fraude de ley en política, toda vez que se consumó la inaplicación de la prohibición contenida en el Artículo 186 (a) constitucional, que impide a los ex-golpistas optar a la Presidencia, a través de una espuria sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC). Afortunadamente, este fallo fue expulsado de la jurisprudencia constitucional en una etapa posterior de mayor lucidez de los magistrados de la CC.

 

En el año 2011, el expresidente Álvaro Colom y su esposa, Sandra Torres, se divorciaron con el propósito de frustrar la aplicación del Artículo 186 (c) constitucional, que prohíbe a la esposa del gobernante de turno optar al cargo de Presidente. Sin embargo, el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia y la CC rechazaron la inscripción de la candidatura presidencial de Torres. En mi opinión, esta frustrada consumación de fraude de ley en política impide a Colom y Torres optar a cargos públicos, por falta de idoneidad.

 

El caso más reciente de fraude de ley en política es la propaganda en favor del partido Lider (y, por supuesto, a sus candidatos a cargos de elección popular), al que el TSE prohibió hacer propaganda electoral por haberse excedido del límite máximo de gastos de campaña, que está llevando a cabo otra organización política. El TSE no puede quedarse callado ante este desafortunado atajo a la ley.

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