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Editorial de hoy

Dónde estamos

opinion

La insolencia del candidato Baldizón y su evidente desprecio por la rectitud y la honradez.


 

Esta semana arrancó con dos buenas noticias que esperamos culminen con las sanciones correspondientes hacia los sindicados: por un lado la decisión del TSE al ordenar al partido “Lider” en el marco del contenido del Artículo 21 de la LEPP, suspender la campaña electoral por haber rebasado el límite establecido por ese órgano supremo en el tema electoral. Esperamos que asimismo, que además de las sanciones administrativas se proceda a las sanciones penales ante el desacato a la resolución mencionada y la eventual cancelación de la personalidad jurídica del partido si persiste la desobediencia a esa máxima autoridad electoral.

 

A lo anterior se suma la decisión de la CSJ en relación al antejuicio contra el diputado Gudy Rivera, ante la denuncia por el evidente tráfico de influencias, común de ese personaje y la espuria denuncia de Rivera contra la Magistrada Claudia Escobar justamente desechada conforme a resolución de la CC.

 

Del lado negativo, vemos cómo un Congreso presidido por un torpe y perverso “liderista” se presenta a llenar el formalismo de su gestión mientras se goza la inasistencia de los diputados (alianza) “Lider-Patriota” quienes olímpicamente ignoran las obligaciones inherentes torpedeando con ello la posibilidad de alcanzar el voto calificado requerido para aprobar las reformas a la LEPP. Por supuesto esa es otra estafa al pueblo ya que cobran salarios como si cumplieran con su deber.

 

Asimismo la Encuesta/Libre 2015, (Prensa Libre) arroja cifras que muestran el tremendo desencanto de la ciudadanía con el desempeño del poder público ante las múltiples evidencias de una corrupción generalizada y la ilegalidad manifiesta en el ejercicio de la función pública gracias a la inacción de los órganos de control y a todo lo anterior se suma la perspectiva sobre las opciones que hoy se vislumbran para la segunda vuelta electoral. Baldizón-Torres o Baldizón-Morales.

 

La insolencia del candidato Baldizón y su evidente desprecio por la rectitud y la honradez se manifiesta claramente con la incorporación del mayor número de candidatos inescrupulosos a distintos cargos a pesar de sus antecedentes que evidencian su falta de idoneidad. Eso implica que si llegara al poder tendríamos garantizado el súmmum de la corrupción y del desastre administrativo.

 

Sus descarados ataques infundados a autoridades determinantes para la depuración del sistema, como su ataque al comisionado Iván Velásquez y a la fiscal Thelma Aldana; el uso de testaferros en la judicialización de la política al acusar falsamente a medios de comunicación, periodistas, columnistas y profesionales del derecho que han intentado ponerlo en orden con pruebas reales y en apego a la ley. La agresividad y la violencia de sus seguidores y sus cuidadores son reflejo de su propia personalidad.

 

Su desprecio a las iniciativas comprometidas con los derechos fundamentales de todo ciudadano, como sucedió con la convocatoria de la Sociedad Interamericana de Prensa para concientizar a los candidatos con los principios contenidos en la Declaración de Chapultepec. Semejante ha sido la actitud hacia foros como los más recientes organizados por la Asociación de Gerentes y otros como el del Consejo Empresarial y medios televisivos, negándose a dar la cara ante la ciudadanía consciente e informada.

 

La esperanza se diluye también ante la discusión sobre la legalidad de cancelar candidaturas inscritas exaltando algunos el obligado y absoluto respeto a la presunción de inocencia a menos que haya un procesamiento y condena previas. Realmente y sin entrar a la discusión sobre el fundamental principio de inocencia para resguardar los derechos de toda persona, no deja uno de cuestionar si cabe aplicar semejante argumento en casos en los que las denuncias planteadas, dan a conocer sin lugar a dudas, que un sujeto ha cometido un delito, como sucede con las grabaciones de conversaciones que una vez se compruebe que la voz corresponde al acusado, son prácticamente confesiones de quienes han sido grabados.

 

Creo que una cosa es la condena judicial que impone sanciones de serio impacto a los derechos de la persona y otra cosa es la condena moral que limite el acceso a un cargo público cuyo ejercicio impactará negativamente a toda la ciudadanía.

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