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Editorial de hoy

Todos somos responsables

opinion

En momentos de alta presión es cuando más se demanda protección.

En situaciones normales, cuando todo está en orden, muy pocos se preocupan por la cosa pública, el sistema político o la calidad moral y profesional de quien ejerce la autoridad. Cuando se pierde ese orden, en situaciones de profundos desequilibrios económicos, políticos y sociales, como los que hoy vive el país, de repente cobran importancia este tipo de temas. En momentos de alta presión, desorden e incertidumbre es cuando más se demanda protección y efectividad por parte de las autoridades. En esos momentos, cuando todos son conscientes de los costos que implica recobrar el orden, es cuando más se demanda capacidad e idoneidad por parte de las personas en cargos de autoridad. Entendiendo que la capacidad e idoneidad se juzga en función de la habilidad para minimizar los costos de ajuste, individuales y de grupo, necesarios para restablecer el orden deseado. De esa cuenta, en momentos como los que vive Guatemala, no debería sorprender a nadie la súbita preocupación ciudadana por la calidad moral y profesional de quienes ocuparán las posiciones de autoridad. En la medida que las mejores personas lleguen a los puestos de autoridad, se piensa, menores serán los costos que deban afrontarse para restablecer el equilibrio y orden perdidos.

 

Si bien este tipo de razonamiento tiene algún mérito, en el fondo solamente esconde el deseo, consciente o inconsciente, de trasladar los costos del ajuste a alguien más. Apelar a las “buenas personas” para restablecer un determinado orden se convierte, desde una perspectiva práctica, en una forma de trasladar la responsabilidad individual de cada ciudadano con su país a las personas en posiciones de autoridad. De esa cuenta, hoy existen cientos de miles de personas frustradas que ven cómo el país se acerca a unas elecciones generales con candidatos que no son de su agrado y con reglas de juego de dudosa legitimidad. Aunque disguste a muchos, es preciso reconocer que buena parte del descontento con los candidatos y reglas actuales tiene su origen en este no reconocido deseo de minimizar los costos individuales que conlleva construir un sistema político, económico y social más justo.

 

A pesar de múltiples fracasos y promesas incumplidas, la ciudadanía sigue actuando bajo la creencia que es posible trasladar el costo del ajuste a las personas en puestos de autoridad. Lo cual, como ha quedado demostrado históricamente, rara vez ocurre y cuando ocurre resulta ser insuficiente. De esa cuenta, y ante la imposibilidad de hacer cambios profundos e inmediatos antes de las elecciones, es preciso que todos los indignados reconozcan que la lucha apenas empieza; que reconozcan que construir un nuevo país requiere compromiso y dedicación constante por parte de todos. Como una reconocida lideresa social le dijera a su encopetada amiga en la Plaza de la Constitución: “El país no va a cambiar por el simple hecho que te asoleaste un par de sábados, eso ni derecho a estar indignada te da”.

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