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Editorial de hoy

Las elecciones son la única salida democrática

opinion

La Constitución no contempla la instalación de un gobierno provisional o de transición.

Durante los últimos días se ha dicho de todo en Guatemala, tanto así que, incluso, algunos abogan por la postergación indefinida de las elecciones generales (presidenciales, legislativas y municipales), por la suspensión de la Constitución e, incluso, por abrir paso a un gobierno provisional o de transición que gobierne por decretos o que convoque a una Asamblea Constituyente.

 

En primer lugar, si nos regimos por la constitucionalidad y la legalidad, que son la columna vertebral de un sistema republicano de gobierno, que se inspira en el principio de supremacía de la ley, las elecciones generales deben celebrarse el próximo domingo 6 de septiembre de este año, conforme la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con apego a la vigente Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Por tanto, a estas alturas los comicios son impostergables.

 

Asimismo, el Artículo 21 de las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución, como ya expresé en mi pasada entrega, no autoriza que se pueda dejar sin validez ni vigencia la Constitución, a raíz de una interrupción temporal del orden jurídico como consecuencia de situaciones de fuerza. En todo caso, una interpretación tal supondría un contrasentido, ya que sería ilógico que la Constitución aceptara la posibilidad de un rompimiento del orden constitucional.

 

La Constitución no contempla la instalación de un gobierno provisional o de transición que gobierne por decretos. Lo único que la Constitución permite es que el Presidente y Vicepresidente de la República, debidamente electos, puedan ser sustituidos, por razones determinadas, y que sus sustitutos terminen los respectivos periodos de funciones para los que fueron electos los sustituidos. Por cierto, existe un precedente histórico en ese sentido, bajo el actual orden constitucional. Cuando el expresidente Jorge Serrano abandonó el cargo a finales de mayo de 1993 y el ex vicepresidente Gustavo Espina renunció, el Congreso eligió a Ramiro de León Carpio y Arturo Herbruger, como presidente y vicepresidente, respectivamente, para que terminaran el periodo para el que fueron electos Serrano y Espina.

 

No obstante, he sostenido que el resultado de las elecciones sí puede ser impugnado de nulidad por fraude electoral, que podría derivar de que se tolere la infracción del límite de gastos de campaña autorizado por el TSE, que no se sancione un financiamiento electoral ilícito o que se hubieren inscrito candidatos no idóneos, lo que, en su caso, daría lugar a una repetición del proceso electoral.

 

También he propugnado porque se apruebe, como única reforma a la LEPP para que rija en la actual contienda electoral, el “voto nulo vinculante” como una opción electoral de la ciudadanía para invalidar los resultados electorales y forzar una repetición de las elecciones. Además, estoy convenido que debe reformarse el sistema político electoral, pero no a marchas forzadas, como lo exigen ciertos grupos de presión, para que no pase lo que ocurrió con la reforma de la LEPP del año 2004, que adversé, en que la medicina resultó peor que la enfermedad.

 

Finalmente, debo señalar que el sistema de gobierno democrático representativo se sustenta en el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, en la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, así como en el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, tal y como lo postula la Carta Democrática Interamericana (OEA). Por tanto, debemos atenernos a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, por supuesto en el marco del régimen de legalidad.

 

En ese orden de ideas, cabe traer a colación la frase de José Martí, prócer y mártir de la independencia cubana, que reza: “Cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio”. Sin duda, muy pertinente.

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