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Editorial de hoy

Iniciativa Popular

opinion

¿Manda el pueblo?

 

En días de demandas sociales, cabe preguntarse: ¿hasta qué grado es cierto que la soberanía radica en el pueblo? Palabras más, palabras menos, eso dicta nuestra Constitución. ¿Por qué los congresistas, el Presidente y otros funcionarios hacen lo que el pueblo, al parecer, no quiere que hagan? ¿Será que estos funcionarios le “temen” al poder soberano? ¿O creen que ellos son los verdaderos titulares del poder y que todo lo demás, es “poesía constitucional”? ¿Sabe usted cuántos puntos de contacto directo hay entre decisiones políticas y voluntad popular? Es decir, ¿qué tanto, nuestra propia carta magna contempla, en adición a las “alegres elecciones” generales de cada cuatro años, que el pueblo pueda expresar directamente su voluntad (democracia participativa)? De un análisis puramente normativo (que no, positivista) de la Constitución, esta es la respuesta: El Artículo 277, literal “d”, reconoce en el pueblo la facultad de presentar iniciativas de reforma constitucional (por lo menos, con la firma de 5 mil ciudadanos empadronados); el Artículo 280 reconoce la necesidad de hacer una consulta popular cuando el Congreso es el que pretende hacer modificaciones a la Constitución; y el Artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales obliga a que, cualquier arreglo que se pretenda lograr en materia de nuestras reclamaciones ante Belice, se someta a una consulta popular. Pero aquí viene lo interesante: ¿qué tipo de consulta popular? Pues una muy especial, prevista en el Artículo 173. “Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”. Lo malo, es que ese tipo de consultas, que no serían solo para el tema de Belice, sino para cualquier tema de máxima relevancia política, deben promoverse por iniciativa del Presidente o del Congreso, fijando con precisión la o las preguntas que se deben someter a la ciudadanía. ¿Cree usted que don Otto, o los mismos diputados que están retorciendo las reformas electorales, responderían ante un clamor popular de retrasar las elecciones, por ejemplo? El miércoles, miles de manifestantes lo pidieron. ¿Cómo hacemos para que los principios y valores constitucionales se cumplan? No olvidemos: también radica en el pueblo el derecho de resistencia (Artículo 45) y menos aún olvidemos que en el preámbulo constitucional aspiramos a un orden estable, permanente y popular. ¡Pocos puntos de contacto, pero suficientes!

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Así, pues, Marshall escribió la prudente decisión que resolvió el dilema.



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