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Editorial de hoy

Dolido por la derrota legal

opinion

El alcalde de la capital, Álvaro Arzú, quien busca la reelección por cuarta vez, y que, de ser electo alcalde, forzosamente tendrá que renunciar en marzo del año entrante, porque llegará a la elevada edad de 70 años, anda despotricando, como es usual en él, contra quienes han venido impugnando las arbitrarias e ilegales revaluaciones inmobiliarias dentro del perímetro metropolitano, que él ordenó que se hicieran sin la debida autorización del Concejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala como corresponde conforme la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).

 

Lamentablemente para Arzú todos los tribunales de justicia, incluyendo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), han declarado ilegales y nulas las susodichas revalorizaciones inmobiliarias, con apego a derecho por supuesto, y las mismas han quedado sin validez alguna. Dice don Arzú que va a “abrochar” a los que han impugnado dichas revaluaciones, en ejercicio de su legítimo derecho de defensa; sin embargo, el “abrochado” fue él, porque ahora va a tener que dejar sin efecto todas las revalorizaciones inmobiliarias, no solo las impugnadas, porque todas son nulas de pleno derecho. ¡Qué tal! ¡Ahora sí que se le complicó la cosa!

 

El señor Arzú no puede hacer su voluntad sin respetar los derechos legales de los demás. Guatemala es un país regido por leyes y estas deben ser respetadas y cumplidas. La ley es ley y punto, le guste o no al señor Arzú.

 

Lo que debe hacer el señor Arzú es observar la ley y no estar demeritando a quienes, a través del debido proceso legal, objetan sus ilegales decisiones ni estar imprimiendo y repartiendo volantes por toda la capital atacando a comunicadores y disidentes que en buena lid y públicamente lo adversan. Pareciera que las prácticas “luquistas” lo marcaron para siempre, ya que él fue Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) durante el régimen autoritario de Romeo Lucas (1978-82). ¿Recuerdan?

 

El señor Arzú ya perdió la batalla de las revaluaciones inmobiliarias y ahora perderá la batalla legal de la arbitraria “tasa de alumbrado público” en la CC, que de manera arbitraria se cobra en la factura de la energía eléctrica a los usuarios. Por cierto, este cobro va directamente a las arcas municipales, sin que las municipalidades inviertan un solo centavo en alumbrado público, ya que esta inversión le corresponde por ley a los distribuidores de energía eléctrica. ¡Que no nos den atole con el dedo!

 

Por cierto, la CC también dejó sin efecto el ilegal impuesto a la basura que cobraba la comuna capitalina, así como la “toma ilegal” de un terreno para parqueos de la Universidad Landívar, por parte de gendarmes municipales. Pero aún hay más, la CICIG está investigando el multimillonario subsidio al transporte urbano, que se maneja a través del oscuro Fideicomiso de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Guatemala (Fidemetra). ¡Huy!

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