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Editorial de hoy

SATurados de corrupción

opinion

Reconstruir la SAT es una tarea de todos.

Suman ya cuatro los superintendentes de la SAT que guardan prisión acusados de diversos delitos. Esto es casi la mitad de los que han ocupado ese cargo desde su creación en 1998, es decir todo un récord para una institución que nació con fines totalmente contrarios a los que ha dado cobijo, sometida a los poderes corruptores tanto dentro de los distintos gobiernos como de fuera.

 

En el acuerdo legislativo que le dio vida se le adjetiva como una institución técnica autónoma pero hemos sido testigos en los últimos escándalos, como la mentada independencia institucional se quedó en el papel, pues los presidentes de turno ejercieron una total intromisión en los nombramientos y de los mal llamados superintendentes, que más parecen meros “gatos” mansos encargados que la fiesta de la defraudación tributaria continúe.

 

Si a los resultados vamos, la fiesta de la defraudación ha salido cara. Cuando se fundó la SAT la carga tributaria rondaba el 11 por ciento, mientras que 17 años después de haber entrado en funcionamiento apenas alcanza el diez por ciento. Ya para finales del siglo XX Guatemala tenía la carga tributaria más baja de América Latina y el Caribe. Ahora en pleno siglo XXI no solo es la más baja sino la más vergonzosa para un Estado que ha mostrado una tendencia negativa y contraria a la de la mayoría de países latinoamericanos que rondan y sobrepasan el 20 por ciento de recaudación tributaria.

 

El fracaso de la SAT sin embargo, encierra también la ruina institucional de todo el Estado en su conjunto. Para muestra basta con pasar revista a los servicios básicos de salud, educación y seguridad, colapsados por la escasez de recursos para dar cobertura a la creciente demanda poblacional y por el otro lado, al impacto causado por la corrupción que neutraliza la magra e insuficiente inversión pública.

 

El comportamiento en indicadores de un Estado es sistémico e integral y los malos resultados en un área se reflejan en todas las demás. Así podemos observar cómo también desde 1998 el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) prácticamente muestra una tendencia al estancamiento y últimamente incluso a la baja, ubicándonos entre los seis países más corruptos del Continente. La conducta de la SAT y la corrupción han ido de la mano, dejando una cauda incalculable de costos sociales y humanos que amenazan con hacer inviable la convivencia pacífica y civilizada de nuestra sociedad.

 

Seguir apostando a un Estado esquelético y raquítico al que se le quita el pan antes de llevárselo a la boca que es en esencia lo que hacen las bandas organizadas en torno a la defraudación fiscal, constituye un acto suicida colectivo. No hay país que registre la historia, que haya salido del desorden social sin el desarrollo de las funciones básicas de un Estado.

 

Reconstruir la SAT es una tarea de todos sobre la cual el gobierno moribundo en funciones ya no tiene ninguna autoridad de participar. Los candidatos en contienda dicen muy poco sobre sus ideas y programas para salvaguardar la caja del Estado del saqueo sistemático que ha sido objeto con la complacencia de gobiernos y financistas.

 

Es tiempo de pensar en una iniciativa público-privada-social para reconstruir nuestra institucionalidad que está en riesgo de pasar de la captura, a la reconfiguración de la misma para servir directa y exclusivamente a los intereses mafiosos.

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