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Editorial de hoy

Por nuestro bien y el de sí mismos (parte II)

opinion

Enfóquese el Ministerio Público-CICIG en resultados.

 

Ya señalé, en artículo anterior, que la CICIG no es infalible y, así, que si por cuenta suya fuera, se habría truncado la carrera judicial de la actual Fiscal General de la República –adversada por esta en su elección como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia– error que podría volver a repetirse y que llama, en consecuencia, al rigor de la ley, sí, pero respetadas las presunciones de inocencia.

 

No prejuzgo sobre la culpabilidad o la inocencia de nadie pero, por mandato constitucional expreso, debemos presumir la inocencia de todo sindicado, sea el que sea, en tanto no se le cite, se le oiga y se le venza en juicio y es por ello que el ente investigador no persigue “criminales” ¿Quién es este para enrostrar una calificación semejante? sino hechos delictivos y a sus presuntos responsables.

 

Concluyo este artículo recordando a la CICIG-Ministerio Público –que no es nada nuevo, en nuestra historia–, que los acusadores y los jueces se echen las culpas entre sí –unos a otros– de que la persecución penal no alcance resultados, alegando los primeros que los jueces liberan y absuelven, habiendo pruebas y, los segundos, que no pueden retener ni condenar, precisamente, porque no logran presentarlas, círculo vicioso que no debemos tolerar que se repita.

 

¿Culpables los jueces por carecer de responsabilidad histórica? ¿Crónica esta, de un temido fracaso?

 

¿Retraso en la administración de Justicia? ¿Por qué, entonces, si es así –en lugar de hablar– iniciar las acciones penales y civiles por su retardo culpable o malicioso?

 

¿Liberación, habiendo pruebas? ¿Por qué, entonces, en vez de hablar, perseguir –como debe ser– el prevaricato perpetrado?

 

El “clamor popular” es un concepto político, no jurídico. ¿Quién lo mide? ¿Acaso, un clamorímetro? ¿Un clamorímetro que mide, además, la responsabilidad histórica? ¡Por favor!

 

A los mismos Magistrados de la Corte de Constitucionalidad a quienes antes se insultaba como consecuencia del amparo provisional que concedieron, ahora –denegado– se le alaba y enaltece. ¿Santos o rufianes, según nuestra especial perspectiva de las cosas y de nuestros especiales intereses? Poco es el favor que se le hace, así, a la Justicia.

 

Los fallos judiciales, cuando firmes, se acatan y, en lo sucesivo, habremos de comprender que la Corte Suprema de Justicia no se trata más que de un conserje que recibe expedientes y que los remite, sin más, en cualquier antejuicio que corresponda conocer al Congreso, sin que haga calificación alguna de su parte.

 

¿Para qué, entonces, ese eslabón innecesario? ¿Tan absurdo, el legislador?

 

El antejuicio no se trata de un juicio de Derecho –ni pretende erigirse en parte alguna de la administración de Justicia– función esta que no le corresponde –y bueno es que sepamos que la decisión que el Congreso de la República pueda tomar podría ser– nada se lo impide –eminentemente política– sustraída del fondo del asunto y, así, por ejemplo, que lo declare sin lugar porque no convenga a los intereses del Estado que pudiera procesarse –ahora– al Presidente, quedando expedito el camino para que se pueda hacer cuando concluya su mandato.

 

El antejuicio no se pronuncia sobre la culpabilidad o la inocencia sino sobre estos dos únicos extremos, uno –si se desprenden– de las sindicaciones y las pruebas –elementos suficientes– que aconsejen el retiro de la inmunidad al funcionario y –el otro– que, independientemente de que pudieran darse los citados elementos –si es oportuno y conveniente–, o no –cara a los fines del Estado– que la inmunidad se le retire.

 

A menos de seis meses de la entrega del poder y a uno de elecciones –en pleno proceso electoral– ¿Sería oportuno y conveniente, para los fines del Estado –decisión eminentemente política– retirarle la inmunidad al Presidente? ¿Si este debiera responder a la Justicia, existe alguna diferencia de suma gravedad entre que lo haga ahora o al dejar su cargo? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa menos?

 

Cuando se dio en 1992 el antejuicio en mi contra –Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público– por razón de Estado, a mi propia solicitud –así lo dice la resolución– fue declarado con lugar.

 

En mi caso –circunstancias distintas– se hizo imperativo como consecuencia de las funciones que ejercía y de la singular cruzada que me impuse, erradicación de impunidad y extradiciones incluidas.

 

En las actuales, lo que priva la defensa del orden constitucional –la lucha en contra de la corrupción, consubstancial en ella– y la debida transmisión del mando.

 

Hágase todo cuanto deba hacerse –háblese menos, actúese más, respétese a los jueces– actúese en su contra, si procede, y enfóquese el Ministerio Público-CICIG, a resultados; la diplomacia, por su parte, no más allá de la función que le compete que, fuera de esta, por querer hacer un bien, resulta haciendo un mal.

 

¿Queremos, o no queremos, un Estado de Derecho? Amén.

 

Ah, y estamos hoy –ni un día menos, ni uno más– 6 de septiembre a 33 días de elecciones.

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