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Editorial de hoy

¿Suspensión de la Constitución?

opinion

La Constitución no es simple papel mojado que lo podemos usar y guardar a discreción.

En estos tiempos de desconcierto, pero de profunda renovación, hay quienes, aprovechándose de la coyuntura política, piden a gritos que se suspenda la vigencia de la Constitución, y al efecto sostienen que el Artículo 21 de las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución lo permite, ya que dispone que la Constitución “no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza”.

 

Asumen estos insensatos que este precepto constitucional legitima las “situaciones de fuerza”. Sin embargo, dicha norma más bien tiene implícita la prohibición de las vías de hecho y su mandato es claro y categórico en el sentido que la Constitución no pierde su validez y vigencia jamás, incluso durante interrupciones temporales del orden constitucional, lo que supone que las respectivas situaciones de fuerza, al retornarse a la constitucionalidad debida, deben ser castigadas con todo el rigor de la ley.

 

La invocación de este artículo constitucional para dar un “golpe de mano” no es cosa nueva. Cabe traer a colación que el exgobernante Jorge Serrano se basó en él para perpetrar el fallido “autogolpe de Estado” del 25 de mayo de 1993 e imponer un gobierno por decretos, un régimen despótico. Incluso, pretendió anticipar la celebración de elecciones legislativas, pero fue rechazado por el Tribunal Supremo Electoral, presidido por el jurista Arturo Herbruger Asturias.

 

La Constitución no es simple papel mojado que lo podemos usar y guardar a discreción. La Constitución contiene los valores, principios y derechos fundamentales de los habitantes del territorio guatemalteco. Consagra los valores humanista, republicano y democrático, impone límites al ejercicio del poder público (que es la esencia del constitucionalismo) e incorpora los derechos inherentes a la persona humana, que deben ser protegidos y defendidos por el Estado. Por tanto, no reconocer la validez y vigencia de la Constitución supondría admitir el abuso de poder y la conculcación de los derechos humanos, en otras palabras sería abrir la puerta al despotismo, a la arbitrariedad y al expolio.

 

Eso sí, la Constitución y las leyes constitucionales pueden reformarse para adecuarlas a nuevas exigencias y realidades, conforme los procedimientos institucionales de modificación previstos, pero de ninguna manera desecharlas o arrojarlas a la basura. La ruptura o interrupción del orden constitucional implica la sumisión a la voluntad política de un gobierno de facto, con poderes absolutos e ilimitados, bajo el cual los seres humanos pierden su dignidad, libertades y derechos.

 

La constitucionalidad es el principal valladar frente a la perpetuación en el ejercicio del poder, la concentración de poder y el neopopulismo autoritario. La constitucionalidad garantiza la autonomía personal, el autogobierno, la alternancia, la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la separación de poderes, el imperio de la ley, la administración de justicia pronta y cumplida, el derecho al voto, las elecciones justas, libres y limpias, así como la igualdad ante la ley y la libertad de expresión de ideas.

 

Claro que no contamos con un orden constitucional perfecto, que camine como relojito. Nuestro deber es perfeccionarlo, pero jamás abolir o suspender la Constitución, y dar un “salto al vacío”. Por cierto, la historia latinoamericana dicta que las rupturas institucionales siempre han terminado en un retorno a la democracia republicana.

 

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