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Editorial de hoy

El costo de oportunidad “actual” de los Partidos Políticos

opinion

Acciones contrarias deben quedar en el  pasado por ser políticamente malas consejeras.

A raíz del sobre-salto social acaecido a partir de la primera marcha pacífica en Guatemala, se ha venido avizorando desde esta tribuna acerca de las posibles consecuencias que podrían devenirse de los inusitados cambios de ritmo sociopolítico (marchas y congregaciones) promovidos en el marco de la sociedad guatemalteca. ¡Qué bueno! que la tendencia pacífica, se fortalece cada vez más.

 

Con lo anterior deseamos interpretar a la población guatemalteca como aquella sociedad que, desde la separación del cargo de Roxana Baldetti, está buscando oxigenar un gobierno alicaído tal como lo citara el vicepresidente estadounidense Joe Biden en su pasada visita a Guatemala. Es acá (en el gobierno) donde el MP y la CICIG deben continuar afincando sus esfuerzos para contribuir en la reconstrucción de la política fiscal.

 

Asimismo, mucho se dice del General Otto Pérez Molina acerca si debe entregar antes, o no, del 14 de enero del 2016 y del beneplácito del país del norte por este funcionario. También se habla de si se debe aplazar las elecciones amarrado a la interrogante ¿…? de quién será el próximo presidente de Guatemala. Justamente estas premisas complementadas con la reforma a Ley Electoral y de Partidos Políticos marcan un punto de inflexión especial en el orden constitucional guatemalteco.

 

La internacional CICIG debe interiorizar: ¿Del por qué estos momentos marcan un punto de inflexión especial en el orden social guatemalteco? Ya que a escasos 36 días de las elecciones generales podría ser riesgosa una eventual acción que desencadene reacciones inusuales generando un caos en claro detrimento del proceso electoral.

 

Con lo cual, se estaría rompiendo un eslabón AMPLIFICADO de la cadena institucional de todo Estado laico y democrático. En este caso, sería prudente que la internacional CICIG procure primero conocer más de cerca la idiosincrasia del guatemalteco y permitir que el Tribunal Supremo Electoral desarrolle sus propias estrategias electorales conforme a la Ley que lo rige.

 

Por otro lado, la relación costo-efectivo consistiría en aquellas acciones que expliquen una relación beneficio-beneficio (beneficio a la población versus beneficio electoral). Mientras que para minimizar el costo político: hacer prácticas buenas que se traduzcan en efectos positivos. Acciones contrarias deben quedar en el pasado por ser políticamente malas consejeras. Por ello, toda aquella organización electoral que desee capitalizar el voto urbano debería seguir, anticipadamente, las recomendaciones del Tribunal Supremo Electoral garantizando a la población que los diputados primerizos permanecerán inamovibles en el Congreso por dos períodos consecutivos. Igualmente, proponer una reforma a la Ley de Servicio Civil (ya obsoleta) para mejorar la carrera pública minimizando la burocracia. Seguidamente, es aconsejable priorizar el fortalecimiento a la Ley de la “Contraloría General de Cuentas” antes de reformar la Ley de Contrataciones. Limpiando primero lo primero.

 

La aplicación de estos mecanismos estratégicos podrían minimizar la apatía al voto; optimizando con ello, el “costo de oportunidad” electoral que redunde en la simpatía ciudadana hacia el sufragio del voto para mayor legitimidad.

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