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Editorial de hoy

Nulidad por fraude electoral

opinion

La impunidad premia al abusivo, al desleal, al tramposo.

El fraude supone el engaño, que es hacer creer lo que en realidad es mentira o falso, mientras que el ardid es el medio que se emplea con habilidad y astucia para hacer valer una mentira o para burlar o impedir la aplicación de la ley. Por consiguiente, el fraude electoral es el engaño y el ardid con miras a irrespetar o socavar dolosamente un proceso electoral justo, falsear la voluntad popular, violar el derecho a la igualdad política o defraudar la democracia republicana.

 

La CICIG ha revelado violaciones flagrantes del límite máximo de gastos de campaña electoral, así como ha venido denunciando a actores políticos por la presunta comisión del delito de financiamiento electoral ilícito, que tipifica y sanciona la obtención de recursos para fines eleccionarios provenientes del crimen organizado, del lavado de dinero o de otras fuentes ilícitas.

 

La inobservancia de las reglas del financiamiento político, específicamente el límite máximo de gastos de campaña, da pie a una competencia electoral desigual, injusta e ilegítima, porque es lógico que quien gasta por encima del límite máximo fijado está en ventaja respecto del que gasta lo autorizado; o sea que la impunidad en esta cuestión fundamental premia al abusivo, al desleal, al tramposo. Por otro lado, la participación en la contienda electoral de candidatos o partidos cuyo financiamiento proviene del crimen organizado, del lavado de dinero o de la corrupción, asegura el envilecimiento de la formación de los cuadros de gobierno y la perversión de la democracia representativa.

 

Por tanto, si la autoridad electoral no sanciona con propiedad la violación del límite máximo de gastos de campaña y tolera o consiente la participación de candidatos o partidos que han recibido o reciben fondos provenientes del crimen organizado, del lavado de dinero o de la corrupción, podría estar alentando, bajo su absoluta responsabilidad, la consumación de una suerte de fraude electoral, que sería causa justificada para declarar la nulidad de las elecciones.

 

En todo caso, cabe advertir que la Ley del Organismo Judicial establece que son nulos de pleno derecho los actos contrarios a normas imperativas y prohibitivas expresas. En materia eleccionaria, una norma imperativa expresa es el límite máximo de gastos electorales, en tanto que una norma prohibitiva expresa es el delito de financiamiento electoral ilícito.

 

En consecuencia, lo procedente es que la autoridad electoral aplique con rigor e imparcialidad el Artículo 21, literal g) del párrafo cuarto, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que dice: “El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas conlleva la aplicación de sanciones administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación de la personalidad jurídica de la organización respectiva”. De lo contrario, podría haber motivos suficientes para declarar la nulidad de las elecciones por fraude.

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