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Editorial de hoy

¿Qué hacer?

opinion

¿Expulsarlos de sus cargos y castigarlos con rigor?

La crisis política actual, inédita en la historia de Guatemala, se ha convertido en un laberinto de caminos cruzados. Como es natural, cada sector mantiene opinión y divergencias severas según los intereses que representa, debido a que no se ha concertado un pacto social determinante que converja en un punto hipotético denominado bien común.

 

Es hecho sabido que la crisis actual se inició hace sesenta años, cuando fue derrocado abruptamente el gobierno constitucional de Jacobo Árbenz que transitaba una vía de desarrollo capitalista, tendiente a lograr el desarrollo económico y social incluyente de todas las capas de la población.

 

El cambio político y económico en la situación del país después del colapso de los diez años de gobiernos democráticos, produjo profundas diferencias en el modo de ejercer la gobernabilidad. Las más sensibles fueron la pérdida de la soberanía nacional, el uso de la violencia extrema para acallar la protesta social y política y el giro que sufrió la educación nacional desde la época de la reforma liberal de 1871, basada en la Ilustración liberal, hacia un patrón que suprimió el espíritu nacionalista para convertirlo en semillero del neoliberalismo.

 

Dos generaciones han sido modeladas por el patrón señalado en el párrafo anterior y diversas circunstancias aleatorias han profundizado la brecha que divide a la sociedad guatemalteca. El estamento militar y la inflexibilidad de las cámaras empresariales ha constituido el escollo más visible durante los 60 años señalados en la conducción del país bajo condiciones ajenas a la democracia. El abuso de la represión desmedida contra quienes disienten de este sistema ha producido un significativo aumento de casos señalados como crímenes de lesa humanidad y acrecentado las condiciones de miseria y de muerte por hambre de compatriotas que carecen de medios de subsistencia y obligado a más de dos millones de guatemaltecos a emigrar en busca de trabajo.

 

Estas circunstancias unidas al libertinaje de los gobiernos en el manejo de los fondos públicos han profundizado la corrupción en todos los niveles de la sociedad, particularmente en los tres organismos del Estado cuyos titulares gozan de impunidad por circunstancias ampliamente conocidas.

 

Durante 60 años, quienes han ejercido el poder, electos en condiciones ajenas a las prácticas democráticas, se han convertido en delincuentes y, por ende, perdido su legitimidad. ¿QUÉ HACER? ¿Expulsarlos de sus cargos y castigarlos con rigor? ¿Decomisar sus bienes y reducirlos a prisión?

 

¿Retocar algunas leyes y otras disposiciones similares? ¿No significa esto únicamente cambiar de rostros para continuar profundizando la corrupción debido a que deja intacta las estructuras criminales? ¿Se podrá diseñar y reconstruir una institucionalidad sana y eficiente sobre las bases en que se asientan actualmente los organismos del Estado? ¿Será el actual Congreso de la República el organismo adecuado para mantener la institucionalidad democrática? ¿Constituirán las próximas elecciones la vía para lograr el cambio que requiere el país o será solamente un compadrazgo anunciado para continuar con las prácticas inmorales cotidianas? ¡Es indispensable diseñar un nuevo orden económico y político con ciudadanos probos que gobiernen junto con el pueblo! ¡Unidos podremos construir la patria digna que anhelamos!

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