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Editorial de hoy

¿Elegiremos bandidos?

opinion

La democracia guatemalteca ha estado secuestrada por muchos años.

Me pregunto: Si los conceptos de legalidad y justicia para juzgar los casos denunciados por el Ministerio Público y la CICIG, que señalan a candidatos activamente vinculados a las redes político-económicas ilícitas que se construyeron alrededor de los partidos políticos de franquicia, hoy, la Corte de Constitucionalidad, los jueces, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral actuarán para rescatar un sistema democrático estrangulado y sometido a los poderes de los círculos de impunidad, o si justificarán, como acostumbran, seguir sosteniendo e imponiéndonos un sistema político corrupto, saqueador, abusivo asociado con la empresa voraz y el narcotráfico, porque no encuentran asideros legales para juzgarlos. ¿Del lado de los intereses de quién colocarán la defensa de la soberanía y de la institucionalidad?

 

Por más que los versados en Constitucionalismo y el TSE expliquen, a los millones de votantes, que legalmente la fecha de las elecciones no puede correrse; que ya los venales están inscritos y que el financiamiento no se puede controlar, el pueblo ya no aceptará sus endebles argumentos, y puede exigir respuestas más acordes con la realidad y con todos los delitos denunciados cometidos por los delincuentes inscritos en los partidos políticos de oportunidad. ¡Lo que vivimos no es una democracia¡ Estamos secuestrados por las redes del financiamiento electoral ilícito, que acapara todo el tiempo a los dirigentes: Cuando piden dinero oficial; cuando reciben dinero ilícito; cuando usurpan dinero ajeno; cuando esconden dinero robado , cuando lo comparten y lo devuelven con millonarios réditos.

 

El ciudadano se pregunta: ¿Es que todos los órdenes que funcionan para aplicar la Ley solo cuentan con elementos para exculpar delincuentes que medran con la política, y no para castigarlos? ¿A quiénes respaldan, entonces, nuestras leyes? El comportamiento de los tribunales en las próximas semanas y meses revelará si sus potestades están al servicio de las mafias políticas, o si demostrarán el temple para aplicar todo el peso de la ley a quienes se vuelven millonarios, según la intensidad de su saqueo, y lamen el vaso con su etiqueta negra, mientras se embriagan con indiferencia, por los cientos de niños muertos de abandono, por los cientos de niños que no tienen educación, por los cientos de ancianos que no mueren, se enjutan de muerte… Exclaman: ¡Salud! Te invito a recorrer mi nueva mansión.

 

¿Quién hará el recuento de las vidas sacrificadas? Después de escuchar el informe serio y comprobable del Comisionado de la CICIG, don Iván Velásquez, sobre el manejo que los políticos y sus partidos hacen de los fondos del Estado, del dinero que comparten en sus empresas de fachada y las concesiones que entregan a la narcoempresa, ¿Será posible que todavía nos induzcan para presentarnos a las urnas electorales para reelegir a nuestros victimarios y a sus socios los narcopolíticos, y por el voto les entreguemos el despojo del país y nuestra condena al atraso y al subdesarrollo?

 

La democracia guatemalteca ha estado secuestrada por muchos años, pero desde hoy, que han sido desenmascarados los partidos de franquicia, sin ideologías definidas que entregan el país a algunas transnacionales corruptas, vale la pena preguntarse: ¿Qué faculta a los poderes del Estado para obligarnos a participar en las elecciones más corruptas e inauditas que el sistema vuelve a imponer para fortalecer sus redes de criminalidad y saqueo?

 

La respuesta la conoceremos cuando el pleno del Congreso se preocupe de enmendar todas las carencias y errores de las que adolece la actual Ley del Tribunal Supremo Electoral y de Partidos Políticos y acepte las modificaciones que se necesitan para nivelar un sistema de gobierno democrático y participativo. Si ellos se empecinan en no hacerlo, ya tendremos la respuesta. El pueblo considerará si sigue avalando un sistema donde los bandidos se imponen.

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