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Editorial de hoy

Aciertos e inconsistencias

opinion

La evolución en el respeto a derechos fundamentales debe tener prioridad.

La decisión concreta del Registro de Ciudadanos al rechazar la inscripción de candidatos que incumplen con los requerimientos establecidos en el Artículo 113 constitucional ha sido un paso meritorio, y ha dado un respiro a la ciudadanía, al dejar fuera de la contienda a personajes cuya trayectoria ha sido marcada por sindicaciones que en muchos casos se sustentan en hechos notorios, aunque por años quedaron en el limbo y por consiguiente, en la impunidad.

 

Por otra parte, la aplicación de la prohibición de optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República, contenida en el inciso “c” del Artículo 186 constitucional, resulta controversial la decisión rechazando la inscripción de la candidata Zury Ríos Sosa, ya que si bien es claro el sentido en cuanto a que no podrán optar a esos cargos los parientes dentro de los grados de ley del “… caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Estado”, prohibición permanente y claramente aplicable al General Ríos Montt y muchos otros, no resulta nada claro que la prohibición sea también de por vida a los parientes dentro de los grados de ley.

 

Y confirma el error de interpretación, no solo el muy respetable voto razonado de la magistrada María Eugenia Mijangos, sino los múltiples precedentes reflejados en los textos de las Constituciones que rigieron la nación a lo largo del siglo pasado y en un Tratado regional firmado en Washington en 1923.

 

Precisamente el Informe Anual (1993) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en análisis sobre la prohibición relacionada con el General Ríos Montt alude a la tradición Centroamericana se refiere puntualmente a que “…una de las raíces comunes de esas condición de inelegibilidad lo constituye el Tratado General de Paz y Amistad celebrado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 1923 por el cual las Partes Contratantes se obligaban a no reconocer a gobiernos de ninguna de las cinco repúblicas que surgieran por golpe de Estado o si alguna de las altas autoridades electas hubieran sido ‘jefe o uno de los jefes del golpe de Estado o de la revolución…’ sus consanguíneos, o quienes hubieran tenido alto mando militar inmediatamente antes o durante las mismas”.

 

Agrega: “Al respecto recuerda la Comisión que esto debe analizarse de acuerdo a las circunstancias del caso y las concepciones jurídicas prevalecientes en el período histórico (y reitera) que nuevamente aquí la Comisión debe ‘reafirmar el carácter restrictivo con que debe utilizar ese margen de apreciación, el cual debe ser siempre concebido tendiente al refuerzo del sistema y sus objetivos’”.

 

Interesante es también conocer que la Constitución de la República de 1935 ya contenía un precepto que establece que no podrá ser electo Presidente, el caudillo, los jefes de un golpe de Estado, de revolución o de cualquier movimiento armado, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, “para el período en que se interrumpa el régimen constitucional ni el siguiente”.

 

De la misma manera la Constitución decretada el 11 de marzo de 1945, Artículo 131 regula que “no pueden ser electos para el cargo de Presidente de la República, el caudillo, ninguno de los jefes de un golpe de Estado, de revolución armada, o de cualquier movimiento similar, (agregando) “ así como para quien hubiera sido Ministro de Estado o haya tenido alto mando militar en el Gobierno, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, “para el periodo que se interrumpa el régimen constitucional y el siguiente”.

 

Siguiendo la historia plasmada de nuestra ley suprema, la Constitución Decretada el 2 de febrero de 1956 en su Artículo 161 reitera las prohibiciones y al referirse al caudillo, jefes de golpe de Estado, o movimiento armada similar también estipula que la prohibición se aplica “para el período durante el que se hubiera interrumpido el régimen constitucional y el siguiente”.

 

Finalmente, la Constitución decretada el 15 de septiembre de 1965, Artículo 184, a su vez confirma la prohibición al caudillo, jefe de golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, y a los parientes dentro de los grados de ley del Presidente y Vicepresidente cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia “para el período durante el cual se hubiera interrumpido el régimen constitucional”.

 

En otras palabras, la secuencia histórica de nuestras Constituciones, así como Tratados y Convenios ratificados por Guatemala, inclinan el entendimiento en cuanto a la interpretación del Artículo 186, inciso “c” de la Constitución Política de Guatemala vigente, en el sentido que efectivamente la prohibición para los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, así como los parientes de los que fungieron como Jefes de Estado como consecuencia de alterar el orden constitucional, se refiere al período inmediato como lo establece la Opinión Consultiva: 16/11/1989.

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