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Editorial de hoy

El Estado como botín

opinion

La contradicción entre el diseño jurídico y el funcionamiento político.

El primer artículo de la Constitución establece que la razón de ser del Estado es “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. El texto constitucional parte de la premisa que nuestro sistema es moderno, y que aspira a coordinar las relaciones sociales para promover el bienestar del colectivo. Sin embargo, el Estado guatemalteco aún mantiene rasgos premodernos, sobre todo, en el funcionamiento operativo del aparato estatal.

 

En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo il ícito. Asimismo, las aduanas, la seguridad social, los puertos, la obra gris, la tercerización de negocios de licencias y pasaportes, el deporte federado y los consejos de desarrollo son ahora las grandes joyas de la corona para los negocios.

 

Por tanto, el conflicto político no es más que la disputa entre partidos por acceder a la repartición del patrimonio del Estado. En esta carrera, el financiamiento de campañas electorales no es más que el pago de derecho de piso para acceder a las fuentes de enriquecimiento.

 

Este modelo no es exclusivo de los partidos. En las últimas décadas, nuevos actores –sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etcétera– han emergido en la arena política en búsqueda de espacios de incidencia. Sin embargo, en lugar de gestarse nuevas correlaciones de poder, el interés de los actores emergentes es acceder a la repartición de bolsones presupuestarios. El rol de los sindicatos de salubristas y educadores es un ejemplo de búsqueda de rentas, vía el Programa de Extensión de Cobertura y los leoninos pactos colectivos. Ocurre lo mismo cuando agrupaciones campesinas juegan el rol de intermediarios en la distribución del fertilizante.

 

En este sistema, la legislación y las decisiones jurídicas se conciben como la otorgación de un privilegio, concesión o exención a grupos de interés, como se evidenció en la expedita aprobación de la Ley de Telecomunicaciones en el 2013, o los favores tramitados por Gustavo Martínez.

 

La última característica del Estado patrimonial es su burocracia. Salvo varias excepciones, los funcionarios no se eligen por mérito, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía política. La concepción de los partidos como agencias de empleo evita la consolidación de un funcionariado profesional. La aspiración de acceder a un puesto público ya no es una expresión de servicio, sino la búsqueda de riqueza vía el abuso de poder.

 

El costo de operación del Estado patrimonial es sufragado particularmente por la clase media vía tributos. Pero la disfuncionalidad del mismo, impide que el Estado sea un proveedor de servicios públicos eficiente. La dicotomía entre un modelo de Estado que genera oportunidades de riqueza para funcionarios y una clase media descontenta es el trasfondo de las manifestaciones citadinas del último mes. Romper la idea del Estado como botín es el objetivo ulterior de las clases medias.

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