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Editorial de hoy

¿Se puede cortar de tajo la corrupción política?

opinion

Los defraudadores son personas que conocen cientos de formas para evadir la ley.

En el Plan Anticorrupción del año 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá define la corrupción “como una manera de hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar un proceso de selección (licitación y/o concurso público) o pagar una dádiva o coima a cambio de obtener ventajas, concesiones, contratos o beneficios. A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal”.

 

Los casos de corrupción se multiplican a nivel mundial. Preocupados por ese flagelo, han surgido diferentes esfuerzos e instancias por contenerlo. Transparencia Internacional es una de ellas, fundada en 1993 con sede en Alemania, se organizó para hacer investigaciones y propuestas con el fin de erradicar los actos ilegales. En su informe anual 2014 calificaron a 175 países y territorios alrededor del mundo, entre más bajo es el índice mejor calificado está el país. De acuerdo con sus parámetros, el mejor calificado del área Centroamericana en términos de transparencia es Costa Rica que se sitúa en el lugar 47; le siguen El Salvador en el 80, Panamá en el 94 y entre los peor calificados de la región se encuentra Guatemala en el 115, Honduras en el 126 y Nicaragua en el puesto133. En general, malas notas para nuestros países que son presas del asalto al erario nacional por políticos inescrupulosos y mafias ocultas que actúan al amparo de la clandestinidad.

 

Recientemente en Guatemala, Honduras y Panamá se destaparon escandalosos casos de corrupción gubernamental, que han revelado la existencia de estructuras criminales que operan a la par y dentro del mismo Estado. Lo que ha provocado la indignación, protesta y repudio de la ciudadanía que se ha visto obligada a salir a las calles para pedir justicia, cárcel y resarcimiento de lo dineros robados. La primera reacción de la sociedad civil ha sido proponer a los Gobiernos establecer controles, depurar los organismos de Estado, emitir nuevas reglamentaciones y endurecer penas a quienes infrinjan la ley. Lo cual está bien, son acciones indispensables y necesarias para combatir el flagelo, pero al mismo tiempo insuficientes para superarlo de una vez por todas.

 

La pregunta es: ¿serán realmente eficaces esos cambios para eliminar la corrupción? Sabemos que los defraudadores son personas que conocen cientos de formas para evadir la ley y bloquear la impartición de justicia a través de la “compra” de voluntades de magistrados y jueces, en el remoto caso de quedar imputados.

 

Estudios serios han demostrado que no es a través de establecer controles y mayores grados de supervisión a funcionarios que desaparecerá la corruptela y el latrocinio, sino ampliando los espacios para estimular más la libertad económica. Un estudio realizado por el Fraser Institute, con sede en Canadá, cruzó datos de 97 países entre los índices de transparencia y los de libertad económica y encontró que a menor intervención estatal menos posibilidades de cobrar comisiones a cambio de obtener favores, cobrar menos impuestos, conceder contratos o licencias, agilizar trámites administrativos o dictámenes a la medida.

 

Sin duda, la excesiva intervención estatal, la discrecionalidad para imponer tributos, la falta de controles presupuestarios y la debida rendición de cuentas retuercen las legítimas funciones constitucionales que están llamados a desempeñar los Estados, dejando profundas huellas de inmoralidad y conductas deshonestas a las nuevas generaciones, que en nada ayudan a la formación de ciudadanía.

 

El antídoto para erradicar este cáncer de la corrupción y la perversidad que mina las estructuras de nuestras sociedades está a la mano. Más libertad económica es la clave y se consigue al desregular los mercados, eliminar leyes antieconómicas, facilitar trámites burocráticos y licencias; de esta forma se dará certeza jurídica a los contratos. Es indispensable, también, imponer severos y ejemplares castigos a los que hacen “negocios” con el Estado, sean estos corruptos o corruptores.

 

Los pueblos observan y ya no tolerarán más corrupción, la clase política está en entredicho. El rescate es posible, siempre y cuando se tenga presente que la libertad económica es el medio correcto para combatir de cuajo el mal de la corrupción.

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