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Editorial de hoy

Elecciones o no en septiembre, enfoque económico

opinion

La eliminación de la corrupción es deseable desde todo punto de vista.

Acerca de la celebración de las elecciones del 6 de septiembre se ha emitido fundamentalmente dos puntos de vista que plantean una difícil disyuntiva para la ciudadanía. Por una parte, comprendemos que para que una sociedad funcione adecuadamente en beneficio y protección de los individuos es necesario el irrestricto cumplimiento del conjunto de leyes y sobre todo la ley de leyes que, entre otros, tienen el objeto de regular el funcionamiento de los órganos del Estado en función del bien común. Bajo este criterio hemos recibido por diversos medios el pronunciamiento de connotados juristas y que yo respeto, que sostienen el punto de vista de que se deben celebrar. ¡Indican que la ley se cumple y punto! También la OEA y el sector privado se han manifestado en esta dirección.

 

Por otra parte, en medio de las turbulentas circunstancias generadas por los destapes de corrupción han surgido criterios de importantes líderes de opinión y también respetados constitucionalistas que señalan diversos defectos del actual marco jurídico que necesariamente sería el regulador de estas próximas elecciones y el cual se dice que ha viabilizado la corrupción y efectos indeseables conocidos y sostienen un punto de vista opuesto al indicado en el párrafo anterior. Posiblemente el señalamiento más importante es que los eventuales ganadores, en buena parte por ser electos dentro de ese marco legal, no tendrían la legitimidad ni gozarían del respeto y la confianza del pueblo. El respaldo de estos elementos es fundamental para que los ganadores puedan enfrentar adecuadamente la clase de problemas que se vislumbran para el próximo cuatrienio.

 

Conocidas son las carencias del sector público en las áreas de salud, educación, seguridad y nutrición. Hospitales desabastecidos y deudas de medicinas morosas, insuficiencia de maestros y escuelas sin techo ni mobiliario, insuficientes insumos para las fuerzas policíacas y deudas en mora por equipamiento de protección, insuficientes insumos para eventuales crisis alimentarias en el canal seco, el Organismo Judicial solo dispone de fondos para el mes de julio, etcétera. Aunque en alguna medida estas carencias puedan atribuirse a casos de corrupción, su magnitud desde hace años evidencia limitaciones presupuestales que indefectiblemente llevan a señalar la necesidad de aumentar la recaudación tributaria. Por supuesto que además de la consabida receta de apretarse el cinturón, que en los casos mencionados quizá no sea aplicable, la respuesta que más apoyo mediático recibe y que todos favorecemos es la eliminación de la corrupción en la SAT y resto del gobierno y el fortalecimiento de la administración tributaria. La eliminación de la corrupción es deseable desde todo punto de vista pero para ello, además de regulación, rayos X en las aduanas y cambio de sistemas, también se requiere de un liderazgo que, aunque no sea angelical, se encuentre razonablemente limpio de tachas presentes y pasadas. ¿Podemos esperar que la ciudadanía perciba actualmente ese atributo en los eventuales ganadores de septiembre, aunque lo tuvieran? Por otra parte, el fortalecimiento de la administración tributaria es un proceso que puede requerir un largo período de tiempo antes de generar resultados de importancia. Mientras tanto, el desagradable tema de aumentar impuestos puede llegar a ser ineludible ante la insospechada magnitud que pueden alcanzar las crisis en las mencionadas áreas de gobierno por insuficiencias presupuestales. De sobra es conocida la oposición que normalmente se levanta en contra de cualquier propuesta de elevar la tributación. Actualmente es lógico pensar que esa oposición sea mayor por la erosión que los escándalos de corrupción han causado en la moral tributaria de la población en general. El aumento de impuestos tradicionalmente se ha promulgado al principio de un período presidencial porque el desgaste político que se da por el ejercicio del poder lo dificulta en años posteriores, sobre todo en medio de penuria financiera. Es pertinente preguntarse si los ganadores en septiembre llegarían con la aceptación, respeto y respaldo de la ciudadanía para atreverse a proponer un aumento de impuestos al principio del período presidencial, cuando aún están frescas las heridas de los escándalos de corrupción y, en caso se atrevieran, cómo serían recibidas esas propuestas por la población y cuál sería la reacción de las clases medias y populares sobre las cuales incide finalmente el impacto de la tributación, especialmente la indirecta.

 

Aunque el nivel intelectual y relevancia del debate político y de las campañas en Guatemala no es normalmente impresionante, es sintomático que virtualmente ninguno de los candidatos ha discutido públicamente y con seriedad estos temas.

 

Al enfrentar una estrechez de fondos que de ninguna manera se puede disfrazar y para evitar el desgaste político que genera plantear a la ciudadanía un aumento de impuestos, los gobiernos recurren al expediente de proponer emisiones de deuda tanto dentro como por encima de los límites presupuestados. Sabido es que cualquier propuesta de emisión de deuda, sobre todo fuera del presupuesto, normalmente se enfrenta a la muralla levantada por varios sectores que, con sin mayor razón, se oponen a aumentar la carga que heredaremos a nuestros hijos, aunque los recursos se fueran a utilizar en la mejora de su educación, de su salud o de su seguridad. A ello se adiciona el tortuoso trámite y oposiciones que estas iniciativas deben enfrentar, aunque el destino de la nueva deuda sea amortizar deudas anteriores, especialmente en la Junta Monetaria y en el Congreso, aunque ambas estuvieren dominadas por el sector público. Es cierto que las mayorías en ambos foros pueden aprobar cualquier iniciativa. Aquí también se cumple el dictum: ¡La ley se cumple y punto! Pero, en el actual escenario sociopolítico cabe preguntarse cuál será la percepción de la ciudadanía respecto al destino que los ganadores de septiembre darían a los fondos provenientes de la colocación de deuda y cuáles las reacciones populares. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta las posibles repercusiones que un aumento de deuda pública no acompañado del fortalecimiento de la recaudación y en medio de perturbaciones sociales puede tener sobre la percepción de riesgo-país para las calificadoras internacionales.

 

En conclusión, aunque puede discreparse sobre la magnitud de los riesgos aquí señalados, no se puede negar que existen, por lo que vale la pena ponderar su importancia en comparación con los riesgos de postergar la celebración de las elecciones. Algunos juristas ya han señalado posibles soluciones legales.

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