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Editorial de hoy

Informalidad y comercio internacional

opinion

La mayor parte del empleo en Guatemala ocurre en condiciones informales.

En un país en donde la informalidad económica y laboral es la regla, y no la excepción como en la de nuestros socios comerciales desarrollados, resulta muy difícil eliminar la informalidad económica y laboral de un plumazo. Por más que esto disguste a algunos de ellos y a ciertas organizaciones internacionales como la OIT, lo que ellos juzgan como una violación sistemática de la legislación económica, ha sido la forma tradicional que el sistema productivo ha encontrado para sobrellevar los altos costos que imponen las regulaciones existentes. Muchas de ellas promovidas por gobiernos de países en donde tales restricciones no existen y no se considera una violación a ningún derecho económico o humano fundamental su inexistencia.

La legislación laboral es un buen ejemplo de ello, según la interpretación a ultranza que suele hacerse de los derechos laborales por algunos juristas allegados al sindicalismo público, las regulaciones laborales actuales impiden toda forma de remuneración en función de la productividad; limitan el tipo de jornadas laborales que pueden pactarse libremente entre empleados y empleadores, impidiendo el uso de figuras como el trabajo a tiempo parcial, tan utilizado en países en desarrollo; encarecen de manera innecesaria la contratación y despido de trabajadores; limita la contratación de trabajadores con poca experiencia y bajos niveles de educación y capacitación. En consecuencia, la mayor parte del empleo en Guatemala ocurre en condiciones informales, al margen de lo que manda las regulaciones laborales y en contraposición a las cláusulas de ciertos acuerdos internacionales suscritos por el país.

Una desafortunada combinación que impone grandes costos al país, en términos de condenas internacionales, innecesaria injerencia de organizaciones internacionales en asuntos internos, multas y sanciones, y que limita seriamente la posibilidad de integrar a la gran mayoría de guatemaltecos a los grandes flujos globales del comercio, la inversión, la tecnología y la productividad. En países como los de la región centroamericana, dada la alta proporción de la economía informal en el empleo y la producción, es imposible pensar que la supuesta “violación sistemática” de la legislación económica desaparezca de manera automática. De manera que condicionar los beneficios de los acuerdos comerciales al cumplimiento estricto de tal normativa constituye un extremo difícil de cumplir y la forma más segura de mantener a millones de guatemaltecos fuera del círculo virtuoso del desarrollo. Peor aún cuando estos supuestos “socios” comerciales se oponen a modificaciones legales que podrían formalizar mucho de la economía informal, bajo el pretexto que tales cambios implicarían reducciones en los derechos existentes y se convertirían en una ventaja desleal de comercio. Nada más equivocado, pero nada más efectivo para proteger los mercados de importantes sectores productivos de nuestros socios comerciales.

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