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Editorial de hoy

Impugnación de la tasa de alumbrado público

opinion

En mayo de 2009, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), a petición del alcalde de la capital, Álvaro Arzú, autorizó que se incluyera en la facturación a los usuarios de energía eléctrica la “tasa municipal por consumo de alumbrado público”, equivalente al 13 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica.

 

A raíz de esta decisión, otras municipalidades también han venido solicitado a la CNEE la inclusión de la “tasa municipal por consumo de alumbrado público” (que en algunos casos llega hasta el 30 por ciento del consumo de energía eléctrica) en la facturación a los usuarios de energía eléctrica de sus municipios.

 

La autorización de la CNEE se basa en el Reglamento de la Ley de Electricidad, que es un acuerdo gubernativo mediante el cual se reconoce la tasa municipal de alumbrado público, y no en la Ley General de Electricidad, que no reconoce la existencia de la “tasa municipal por consumo de alumbrado público”, cuya recaudación no se destina a proveer el servicio de alumbrado público, porque esto es una obligación legal que pesa sobre las empresas distribuidoras de electricidad. O sea que dicha tasa es un simple recargo arbitrario sobre los usuarios de energía eléctrica.

 

Por otro lado, la “tasa municipal por consumo de alumbrado público” no es realmente una tasa (cuya emisión le corresponde a las municipalidades), sino que es un arbitrio, que, de conformidad con lo que disponen los Artículos 171, literal c), y 239, párrafo primero, de la Constitución, solo lo puede decretar el Congreso.

 

Efectivamente, la CC, en reiterados fallos, ha establecido que una tasa es “una relación de cambio por virtud de la cual un particular paga voluntariamente una suma de dinero y debe recibir como contraprestación un determinado servicio público”.

 

Sin embargo, la “tasa municipal por consumo de alumbrado público” es un tributo impersonal, general e indiscriminado que se impone y obliga a pagar a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica. Luego, no se genera de manera voluntaria ni se recibe un servicio público como contraprestación por parte de la comuna. Además, como ya se dijo, las municipalidades no prestan el servicio de alumbrado público, sino que son las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

 

Por tanto, la citada “tasa” es un arbitrio encubierto (que no fue decretado por el Congreso) y, por ende, contraviene la Constitución.

 

No obstante la notoria ilegalidad de dicha tasa, la Corte de Constitucionalidad, además de que no suspendió provisionalmente las disposiciones de la comuna capitalina que obligan a pagar dicha tasa, a pesar de que ya existe el precedente de la Municipalidad de Escuintla, no ha resuelto en definitiva la impugnación presentada por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), aunque el plazo de ley para resolver ya transcurrió.

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