Ferrovías y Remed, S. A., listos para firmar acuerdo de arrendamiento y operación

En el nuevo contrato se establece un cronograma de ejecución que la empresa Remed debe cumplir y fijar un plazo menor al periodo de 50 años que se había determinado en el contrato 402 entre Fegua y Ferrovías.

El miércoles 12 de enero, en asamblea extraordinaria de accionistas de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías de Guatemala), se propondrá facultar al representante legal para que suscriba el contrato de arrendamiento y de operación con Remed, S. A., para la División Pacífico, que comprende 235 kilómetros de línea férrea.

En la opinión emitida en febrero del año pasado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre el borrador del contrato entre Ferrovías y la empresa mexicana Remed, S. A., se señalaron aspectos desfavorables y vacíos que se traducirían en riesgos para el país.

Fernando Ulloa, administrador único y representante legal, comentó que estos temas fueron revisados para evitar que el contrato sea lesivo a los intereses del Estado. “Es un contrato distinto que se negoció a partir de octubre”, afirmó.

Algunos puntos
Uno de los aspectos revisados fue fijar un plazo que fuera menor o igual al periodo de 50 años contenido en el contrato 402 entre Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) y Ferrovías, que se suscribió en 1997. Ulloa indicó que se cumplirá con esta observación de la PGN y se dejó para el 2048 el vencimiento del contrato con Remed, S. A.

Además, en el nuevo contrato se establece un cronograma de ejecución que la empresa deberá cumplir. Otro punto señalado por la PGN fue que no se incluía el porcentaje que se pagará a Ferrovías. En la renegociación, Ulloa dijo que se consideró como base el 4 por ciento que se cobra a la empresa Cobigua, y en el caso de Remed se estableció el 4.5 por ciento de los ingresos brutos desde que empiece a operar.

Acuerdos
También dijo que se acordó una cláusula para que por ninguna circunstancia la empresa pueda demandar al Estado ni a Ferrovías, para evitar un caso de arbitraje como el presentado en 2007 por la empresa RDC y que Guatemala debió pagar cerca de US$15 millones.

Por esta concesión, Guatemala estaría otorgando la exclusividad del uso de la vía a Remed. Sin embargo, el representante de Ferrovías señaló que es una empresa que invertirá más de US$700 millones, por lo que requiere certeza jurídica para recuperar la inversión.

“El objetivo del contrato 402 es la reactivación ferroviaria, pero desde 1997 no se ha logrado. Ahora, el país tiene la oportunidad de que una empresa realice esta inversión”, con la que se generará empleo y se crea un hub con interconexiones con México, El Salvador y Honduras, describió Ulloa.

Se ha conversado con propietarios de algunas fincas privadas que mostraron disponibilidad para ceder el derecho de vía en los lugares en que, de acuerdo con los estudios de factibilidad, se necesita una ruta alterna debido a que hay poblaciones asentadas en terrenos de la vía férrea. “Hay empresarios y dueños de propiedades que se beneficiarán con una mayor plusvalía”, explicó Ulloa.

Una cláusula que se cambió fue la cobertura del 75 por ciento de los daños causados por desastres naturales que debía asumir Ferrovías. En opinión de la PGN, esto era desproporcionado, y además la entidad carece de capacidad económica para asumirlo.

Proyecto pendiente
Según Ulloa, será decisión de la asamblea las acciones que se seguirán con respecto al contrato que Ferrovías suscribió con Puerta del Istmo, S. A., una de las Zonas de Desarrollo Económico Especial Público autorizadas que opera en Pajapita, San Marcos, y que desarrolló un proyecto para utilizar 1.3 kilómetros de la vía ferroviaria para conectarlo a un tramo propio para prestar este servicio a sus usuarios.

El gerente del Departamento Legal hará una presentación en la asamblea para la decisión, dijo, sin anticipar alguna
recomendación.

Fermín Colina, presidente de Puerta del Istmo, manifestó preocupación por la posibilidad de rescindir el contrato. “Tenemos varias empresas interesadas y la intención malintencionada de rescindir el contrato genera falta de certeza jurídica”, agregó.