En abril, los ingresos al hogar de Felipe disminuyeron luego que su patrono decidiera pagar el 40 por ciento del salario mínimo, debido a que la empresa en donde labora dejó de percibir el flujo normal que tenía previo a la crisis económica. En medio de la situación,  empezó a realizar las compras en el mercado para las personas con perfiles vulnerables ante el contagio del COVID-19 o que debido a las restricciones de movilidad no podían salir de sus hogares.

Como Felipe, decenas de guatemaltecos se han sumado a anunciar su servicio por medio de las redes sociales, lo que ha provocado un “‘boom’ del comercio colaborativo” debido a que se intensificó el número de usuarios que utilizan estas plataformas para la oferta y demanda de alquiler de servicios o bienes y por el desempleo registrado durante la pandemia, afirmó Paola Álvarez, gerente del Desarrollo de Mercados y Promoción Comercial de la Asociación de Exportadores (Agexport).

“Esta tendencia va a incrementar y va a modificar la forma en que se mercadean productos y principalmente servicios”, agregó Álvarez. Actualmente, Agexport estudia los cambios que han tenido los patrones de consumo de la economía colaborativa en Guatemala, en donde han encontrado el surgimiento de emprendimientos que invierten para luego recuperarlo a través de este modelo y otros que no generan empleo “sino para ellos mismos ser la empresa”.

Según estimaciones de Forbes en 2014, la economía colaborativa creció un 25 por ciento en el mundo y alcanzó una facturación de US$3.5 billones. Sin embargo, el modelo ha sido cuestionado por no contar con un  marco legal que les garantice a las personas beneficios como prestaciones, seguro social o un contrato.